El Consell ha expresado su criterio favorable a la tramitación de la proposición de ley presentada por Podemos de modificación de la ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat. El gobierno valenciano ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de Estatuto de los Expresidentes –se aprobó en 2002-, según Podemos, para dar su visto bueno.
“Sin duda, ha llegado el momento, en un nuevo contexto económico, social y político, y después de las iniciativas parlamentarias que no pudieron ser tramitadas la pasada legislatura, de acometer la regulación del estatuto institucional que corresponde a las personas que hubieren ejercido la Presidencia de la Generalitat”.
Compromís o Esquerra Unida solicitaron el fin de las prerrogativas de los expresidentes durante el último mandato del PP. En esa línea, la iniciativa de Podemos solicita la derogación de la norma en lo referente a la dotación de recursos de índole material y personal, y reclama asimismo que los ex mandatarios valencianos que ya se hubiesen acogido a los mismos presenten en Les Corts una memoria económica y de actividades.
Podemos propone que quede sin efecto la disposición que mandata al Consell a poner a disposición de los expresidentes de la Generalitat los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo, que cuenta con dos asesores y una plaza de conductor, un local y un automóvil, así como servicios de seguridad personal. Francisco Camps y Alberto Fabra, los dos últimos presidentes de la Generalitat, ambos del PP, disfrutan de ese soporte en distinta media.
Podemos también quiere que se derogue el articulado de la ley que permite que los expresidentes del Consell, en sus desplazamientos fuera del territorio de la Comunitat, gocen de los servicios que la Generalitat tenga establecidos, como las oficinas en Madrid y Bruselas.
Corrupción y ejemplaridad
El Gobierno Valenciano considera en su respuesta que “se debe regular cuál es el tratamiento, pero también cuáles son las exigencias éticas, de dignidad y de incompatibilidad de los expresidentes de la Generalitat; todo eso como respuesta a las demandas de una ciudadanía que, tras una época de revisión a la baja de las prestaciones sociales y de afloramiento de casos de corrupción, reclama responsabilidad en el uso de los recursos y ejemplaridad en el ejercicio de los cargos y funciones públicas”.
El Consell, según Podemos, comparte el espíritu de la iniciativa planteada y considera, “sin perjuicio de su debate y discusión parlamentaria, que la ordenación jurídica del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat debe realizarse partiendo de su concepción como figura apta para el cumplimiento de un papel en pro del bien de la Comunitat Valenciana”, de forma que “no se trata de conceder privilegios, sino de asegurar la ineludible conexión del goce de los derechos y prerrogativas con el desarrollo de un papel de relevancia institucional”.
Camps se acogió hace cuatro años a la ley que rige para los expresidentes para ocupar plaza en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) –el Consejo de Estado valenciano- a cambio de 57.000 euros al año. Con la legislación actual, podría ocupar ese cargo hasta 15 años. En uso de sus prerrogativas, también contrató a una secretaria y un chófer. Fabra tiene coche oficial, chófer y despacho, pero no entrará en el Consell Jurídic Consultiu. Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, también del PP, y Joan Lerma, expresidente por el PSPV-PSOE, renunciaron a sus prerrogativas, aunque este último es senador desde 1995.