Álvaro Pérez, 'El Bigotes', delegado de la trama Gürtel en Valencia, mantenía una relación tan cercana con el expresidente Francisco Camps que algunos consellers de su Gobierno contrataban con su empresa simplemente para satisfacer al jefe del Ejecutivo autonómico y ganar posiciones de cara a consolidar su trayectoria política.
Así lo ha declarado Enrique Navarro, exjefe de gabinete de la consellera de Bienestar Social entre 2003 y 2007, Alicia de Miguel. El acusado, que ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, ha declarado que la consellera contrató a la empresa Orange Market, filial de la trama en Valencia, para “congraciarse” con Francisco Camps y con Ricardo Costa, entonces secretario general del PP valenciano, de cara a “continuar en la siguiente legislatura”.
Navarro ha declarado que conoció a Álvaro Pérez en una reunión con su consellera en 2006. “Me sorprendió que este señor apareciera de la nada porque no había concertado cita con nadie del gabinete ni conmigo”, ha dicho. Alicia de Miguel, de tendencia zaplanista, “quería darle un impulso” a una de sus direcciones generales y “había pensado en este señor”, ha declarado ante el tribunal que juzga en la Audiencia Nacional la pieza separada 5 del 'caso Gürtel'.
Anticorrupción solicita para Camps una pena de dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública en el juicio por la adjudicación de un stand de la feria Fitur y demás contratos menores, por un valor total de 1,8 millones de euros.
En un principio, tal como declaró El Bigotes, los departamentos de la Generalitat Valenciana controlados por el zaplanismo, en plena transición hacia el campismo, estaban vetadas para Orange Market, aunque Álvaro Pérez mantenía una buena relación con Alicia de Miguel. Cuando Camps desbloqueó las reticencias de la consellera para contratar con Orange Market, su departamento les encargó un par de actos.
“En la Conselleria de Bienestar Social a Álvaro Pérez no lo conocía nadie, apareció allí de la nada”, ha explicado Enrique Navarro. “Entiendo que lo conocía la señora consellera porque acceder a un conseller no es sencillo, hay muchos filtros”, ha agregado el acusado.
El tercer acto encargado a la empresa de la red Gürtel fue un balance de la legislatura para 'vender' sus logros en un “acto multitudinario” que finalmente se celebró el 24 de abril del 2007 en el recinto deportivo de La Petxina. “La señora consellera, supongo que llevada por la euforia de los actos llevados por Álvaro [Pérez], nos dijo que fuera él quien organizara este último acto”, ha afirmado a preguntas de la fiscal anticorrupción.
“La señora consellera”, ha abundado, “tenía interés en hacerlo con él”. Sin embargo, su jefe de gabinete planteó ciertas reticencias porque El Bigotes “no aportaba nada” (ha apuntado que iba demasiado por libre).
“Amistad importante” del Bigotes con Camps y Costa
“Me vino a decir”, según ha rememorado, que “Álvaro tenía una amistad importante con Ricardo Costa y una proximidad con Camps”. La entonces consellera Alicia de Miguel era una de las herencias del zaplanismo que se había colado en el primer Gobierno de Francisco Camps, en un “momento tenso” de “batallas políticas” ente zaplanistas y campistas.
“Estábamos en un momento en que podíamos continuar en la siguiente legislatura y era una manera de hacer llegar a estos señores [Camps y Costa] lo bien que trabajábamos”, ha declarado. “Era una manera de congraciarse”, ha resumido Navarro.
El exjefe de gabinete de la consellera popular ha calificado al Bigotes como una suerte de “gancho” para “hablar bien” del departamento autonómico ante Ricardo Costa, entonces secretario general del PP valenciano. “Era una gestión un poco de relaciones públicas”, ha agregado el acusado.
Alicia de Miguel, también acusada en la causa, mostró un interés inusitado en organizar el acto de balance de la legislatura, hasta el punto de visitar junto con El Bigotes y su jefe de gabinete el recinto. “Me resultó mucho cante porque la consellera nunca, en cuatro años, había ido a ver un sitio de un evento suyo”, ha apostillado.
Enrique Navarro también ha confirmado que las facturas de los contratos con la trama Gürtel se fraccionaron. “Era una práctica habitual en administración, se sabía que era un fraccionamiento pero no un ilícito penal, era una irregularidad administrativa”, ha justificado.
“La orden venía de la vicepresidencia”
María del Carmen Díaz Quintero, gerente de la Fundación La Luz de las Imágenes, también ha reconocido que abonó facturas a la trama Gürtel por orden del vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla. En varias ediciones del Open de Tenis de Valencia, la fundación promocionó una serie de exposiciones sobre arte sacro.
La mujer, que también ha alcanzado un pacto de conformidad con Anticorrupción, ha resaltado que se negó en un principio a pagar dos facturas a Orange Market —“Me parecía un dinero demasiado elevado”, ha dicho— pero recibió una llamada de la jefa de gabinete del entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, en la que le advertía de que la factura “se tenía que pagar sí o sí”.
También le comunicaron que “la orden venía de la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana”, es decir de “Vicente Rambla”.