El Gobierno valenciano de PP y Vox, presidido por el popular Carlos Mazón, ahonda su choque con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). A pesar de que la AVL es una entidad estatutaria que crea la normativa lingüística oficial (en base a un costoso consenso social para desactivar el conflicto lingüístico), la Conselleria de Educación ha remitido un borrador de criterios lingüísticos para la administración de la Generalitat Valenciana que incumple las recomendaciones aprobadas, por unanimidad, por los académicos.
Este verano, en plena polémica por la caótica gestión en el proceso de adjudicación de plazas docentes, el conseller de Educación, el popular José Antonio Rovira, atacó a la AVL, una entidad creada por el propio PP en 1998 para desactivar el conflicto lingüístico que sufría la sociedad valenciana. Fue la primera escaramuza en la batalla por reabrir el tóxico conflicto. El 23 de octubre, Rovira se reunió con la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, y le entregó los criterios propuestos por su departamento para un valenciano más cercano a la “calle” y menos “catalanizado”, según dijo el conseller.
A pesar de la voluntad pacificadora expresada por Mazón, que se reunió el pasado 18 de septiembre con la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, el Ejecutivo valenciano ha optado por cuestionar la autoridad lingüística de la entidad estatutaria con un borrador de criterios lingüísticos que pretende exportar incluso a las universidades o los medios de comunicación.
El director general de Política Lingüística, Ignacio Martínez Arrúe, ha remitido este viernes un borrador del documento sobre “criterios lingüísticos de la Administración de la Generalitat” que incumple en varios aspectos las recomendaciones efectuadas por la AVL en un informe dictado tras un acuerdo por unanimidad en el pleno de la academia del pasado 22 de diciembre.
El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene la “voluntad” de que los nuevos criterios sean “compartidos por todas las administraciones públicas, los medios de comunicación, las universidades, las editoriales, las asociaciones, los colegios profesionales y las organizaciones sindicales”. Por tanto, supone una suplantación en toda regla de la autoridad normativa de la AVL.
De hecho, fuentes de la academia consultadas por este diario sostienen que el Ejecutivo de PP y Vox pretende “instrumentalizar la lengua” de cara a reactivar el conflicto. El informe de la AVL plantea reparos incluso en el título de la propuesta de la Conselleria de Educación. Si la dirección general de Política Lingüística, afirmaba la AVL, “quiere aprobar unos criterios lingüísticos, deberá precisar que son los criterios de la Administración del Consell, pero no de la Administración de la Generalitat en su conjunto” (que abarca muchas otras entidades estatutarias).
La AVL también reprochaba por “improcedente” que el bipartito de PP y Vox pretenda “extender” la aplicación de unos criterios específicos al resto de administraciones valencianas, incluidas las provinciales y locales. “Buena parte de estas administraciones ya hace años que han adoptado un modelo de lengua basado en las prioridades de la AVL, entidad reconocida por el Estatut como autoridad normativa del valenciano y que ha trabajado desde su creación en un acercamiento, recuperación y promoción del valenciano”, recuerda el informe aprobado por unanimidad.
Además, los académicos también indican que “es conveniente seguir las soluciones que la AVL prioriza”. Unas soluciones que el borrador de documento para los criterios en la administración no cumple en muchos puntos. “Eso ayudaría a sacar del marco político la elección de una opción u otra, y evitaría un incremento de alternativas formales”, recuerda la AVL. Sin embargo, agrega, el borrador “no siempre lo hace así”.
Citerios fuera de la normativa gramatical de la AVL
El documento de la dirección general de Política Lingüística establece una equiparación de la variación de género -iste/-ista a la forma invariable ista, siendo esta última la solución preferente de la AVL. Lo mismo pasa con algunas conjugaciones que la academia considera secundarias o con la preferencia de la forma vore en vez de veure, la forma priorizada por la AVL.
Sobre el verbo ser, el borrador aboga por usar, en la tercera persona del pasado simple, “indistintamente” las formas “fon” o “fou”. Por el contrario, el informe sostiene que “la solución más general en la lengua escrita y la prioritaria en la AVL es fou”. Lo mismo pasa con muchos otros ejemplos del borrador, que aboga por unos criterios lingüísticos alejados de la normativa y propios del movimiento 'blavero' (la corriente vinculada a la extrema derecha a favor del secesionismo lingüístico).
La AVL también reprocha los “aspectos gramaticales que crean incoherencias en relación con la voluntad de satisfacer soluciones geográficamente próximas”. Lo mismo detecta el informe en relación con aspectos de los nuevos criterios que directamente “se apartan de la normativa gramatical de la AVL” o que “pueden crear confusión en el usuario”.
Tras haber incumplido las recomendaciones del máximo ente estatutario en la materia, el director de Política Lingüística ha solicitado el envío de “sugerencias” para el borrador antes del próximo 5 de febrero. El escrito, remitido a varias instituciones y a los técnicos lingüísticos, acaba agradeciendo el trabajo de “promoción del valenciano”, una lengua que los representantes del Ejecutivo de Mazón no usan prácticamente nunca en sus intervenciones públicas.