El próximo 15 de abril empieza el juicio de las piezas 2 y 3 del caso Blasco. El tribunal analizará en este proceso el saqueo sistemático de más de 4 millones de euros de fondos de la cooperación internacional de la Generalitat entre los años 2008 y 2011. En el banquillo se sienta el que fuera conseller de Solidaridad con el PP, Rafael Blasco, y una quincena de empresarios, funcionarios de la administración y directivos de ONGD que colaboraron en el desvío de este dinero a la compra de apartamentos, una yate y al pago de comisiones.
El escándalo provocó un shock sin precedentes en la cooperación valenciana y dejó al sector herido de muerte. En los años sucesivos, el PP que siguió gobernando la Generalitat con Alberto Fabra, en lugar de separar el grano de la paja hundió el presupuesto de la cooperación internacional hasta casi su eliminación. 2015 fue el peor año, puesto que solo 3,2 millones de euros se dedicaron a la colaboración con los países en vías de desarrollo. La mancha de la corrupción había provocado una daño casi irreparable.
La llegada del Gobierno entre PSPV y Compromís se puso como objetivo prioritario recuperar el prestigio de la cooperación junto a los colectivos de ONGD -liderados por la Coordinadora Valenciana de ONGD-. En 2019, el presupuesto en este área superará los 32 millones de euros, según los consignado en los presupuestos, diez veces más que el último año del PP en el Consell.
En 2018, cuyos mapas de proyectos en todo el mundo se reproducen en esta información, con fondos de la dirección general de Cooperación de la Conselleria de Transparencia se han realizado 97 proyectos, de cooperación, acción humanitaria y Eduación para la Ciudadanía Global.
“Somos la partida que más ha crecido de todo el Gobierno del Botànic”, explica Antonia Moreno, directora general del área. Moreno asegura que en esta legislatura “hemos hecho un doble esfuerzo, sacar nuevas convocatorias y cerrar los expedientes que se habían quedado abiertos por falta de fiscalización en la etapa del PP”. La alto cargo cifra en 225 los expedientes revisados donde, en algunos casos, se ha tenido que reclamar dinero a los adjudicatarios por diferentes incumplimientos.
Durante la legislatura, el Gobierno valenciano ha aprobado una nueva ley y un plan director.“Hemos aumentado los controles y la fiscalización. Además, se ha hecho un plan para la supervisión de proyectos en el terreno, algo que no se hacía”, manifiesta. Y recuerda: “El caso Blasco se descubre cuando se constata en el terreno que del dinero para los pozos de Nicaragua solo había llegado una ínfima parte”.
Nueve años después del escándalo, la cooperación valenciana goza de una buena salud y creciendo. Aunque aquella propuesta del 0,7 %, todavía está lejos.