Las trabajadoras de la cooperativa Castell, que gestiona tres centros de menores en la Comunitat Valenciana, denuncian estar en una situación insostenible. La empresa arrastra nueve meses de impagos de la Conselleria de Políticas Sociales, aunque, aseguran, el problema es crónico.
Las empleadas del centro de Mislata, que trabajan con menores tutelados por la Administración, llevan dos meses sin cobrar, y presumiblemente tampoco tengan la nómina del mes de febrero completa. Según apuntan, la Generalitat reconoce el fallo y aduce que se trata de un problema administrativo que está en vías de resolución. “Esto trastoca la economía familiar de cualquiera”, cuenta Amelia, una de las empleadas, a este periódico.
La precariedad es una constante en el sector del acogimiento, aunque en el caso de la cooperativa se agrava. Son una agrupación de trabajadores sociales que solo tiene como empleador a la Generalitat, mientras que otros centros, muchos de ellos de entidades religiosas, tienen otras vías de financiación. En su caso, comentan las trabajadoras, han tenido que acudir a bancos para resolver los problemas de liquidez en los últimos 20 años, y ahora se encuentran con el rechazo al crédito.
La cooperativa tiene unas 50 trabajadoras, a cargo de unos 45 menores que están bajo tutela de la Generalitat Valenciana. En conversación con elDiario.es, insisten en que es un sector muy desatendido y que los menores presentan condiciones muy vulnerables y complejas. En los centros conviven jóvenes cuyos padres están en prisión, tienen problemas de salud mental o adicciones, menores que han sido abandonados o que han sufrido abusos. Por ello, recalcan, se hace imprescindible que estén en un entorno seguro y con unas condiciones que los respalden. Necesitan, por ejemplo, cubrir gastos médicos básicos (gafas, dentista) y cuestiones propias de la adolescencia. La situación, la falta de pagos, es de “maltrato institucional”: “La obligación del Estado es proteger a los menores. La Administración crea el mecanismo, pero no lo gestiona bien”, denuncia Amelia.
Las trabajadoras se manifestaron el pasado septiembre frente al Palau de la Generalitat para reclamar los pagos, pero aún no se ha resuelto el problema, que es heredado. Llevan dos años sin contrato con la Administración, con la licitación aún pendiente de realizar, por lo que los pagos se realizan a través de los llamados expedientes de enriquecimiento injusto. La última licitación, explican, se echó atrás por defectos de forma.
Es un déficit de modelo, explican a elDiario.es las trabajadoras, que reconocen que los decretos, los cambios en las ratios y las leyes recientes han sido beneficiosas, pero creen que la gestión de los recursos sigue siendo deficiente. Como consecuencia de los impagos, las trabajadoras junto a otras empleadas del sector de los servicios sociales se manifestarán el próximo 20 de febrero, en una protesta convocada por Comisiones Obreras y la UGT.