Corrupción en las alcantarillas y en las basuras de València: mordidas, agujeros de dinero público y regalos a Rita Barberá

Las alcantarillas y la planta de basuras de València, dos lugares por naturaleza malolientes, se han convertido en dos de los focos principales de la investigación del 'caso Azud'. La instrucción de la causa ha aflorado las presuntas mordidas cobradas por el cuñado de Rita Barberá, alcaldesa de València entre 1991 y 2015 y reivindicada por la actual primera edil del PP, María José Catalá, con el bautizo de un puente a su nombre.

La causa, en la que figuran como investigados tanto el cuñado como tres sobrinas de la fallecida alcaldesa, desprende el habitual mal olor de las mordidas y de los agujeros en las cuentas públicas.

La contrata del saneamiento de València fue adjudicada en 2007, por un plazo inicial de 15 años y con una posible prórroga de dos ejercicios, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Infilco Española SA y Acciona Infraestructura SA. El valor estimado del contrato era de 146 millones de euros. El letrado José María Corbín, cuñado de Barberá y uno de los principales investigados en el 'caso Azud', se embolsó junto con su amigo Diego Elum 2,2 millones de euros en una presunta mordida de Acciona.

El abultado pago causó escepticismo en Hacienda. “Ninguna empresa pagaría a un abogado externo no especializado nada menos que 2.210.000 euros más IVA simplemente por realizar unos trabajos que bien podían confeccionar sus propios empleados dentro del horario laboral y sin devengar retribuciones extraordinarias”, según un informe de la Agencia Tributaria que figura en el sumario.

El letrado Diego Elum, también investigado en la causa, destruyó el contrato con la UTE en 2009, a pesar de que debería haberlo conservado hasta 2021. Elum, un íntimo de Corbín desde que ambos militaban en la extrema derecha durante el tardofranquismo y la Transición, también destruyó 12 cajas con 475 kilos de documentación de su despacho en plena investigación del 'caso Azud'.

El contrato firmado con Acciona se confeccionó “para dar cobertura” a la supuesta comisión cobrada por Corbín y Elum y “no obedecía a ningún trabajo real”, según la Fiscalía Anticorrupción. Sencillamente, sostiene el Ministerio Público, era la “comisión requerida” para conseguir que la UTE de Acciona Infraestructura SA e Infilco Española SA se hiciera con la contrata de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula la presunta mordida a los vino y accesorios de Louis Vuitton, por un valor de 7.651 euros que, a modo de regalo navideño de Acciona, recibió “de forma sistemática” la alcaldesa popular de la empresa adjudicataria.

El contrato de saneamiento no salió precisamente barato para las cuentas municipales. Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), en funciones de auxilio judicial a la instructora del 'caso Azud', cifra en 11,2 millones de euros el perjuicio económico de su ejecución entre 2007 y 2012. El precio de la licitación se disparó un 62% respecto al anterior contrato de 1994.

Además, según las conclusiones de Antifraude, las modificaciones contractuales y revisiones de precios supusieron un incremento de los importes sin justificación. La AVA incluye 2,3 millones de euros de perjuicio económico si se analiza el contrato hasta 2023.

Dos tramas se cruzan en la planta de basuras

Otro de los focos de la investigación del 'caso Azud' se centra en la planta de basuras de Quart de Poblet (Valencia), cuya gestión se adjudicó a la UTE Los Hornillos. Corbín cobró 261.000 euros por una supuesta asesoría jurídica externa de la que no hay rastro alguno. La documentación, según la empresa, fue destruida, a diferencia de aquella relativa a los trabajos jurídicos acreditados de Garrigues, un despacho que cobró 58.863 euros.

El complejo fue construido por una UTE formada por las empresas Valoriza Servicios Medioambientales SA (Sacyr), Cyes Inversión y Gestión SL y Corporación F. Turia SA, cuya consejera María Miguela Carpi era íntima amiga de Rita Barberá. El contrato de concesión fue para la UTE Los Hornillos, con una duración de 20 años.

Las pesquisas del 'caso Azud' se cruzan con otras causa, la investigación de la 'trama de las basuras' cuyo epicentro estaba situado en la misma planta. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de València mantiene investigados al director general de la UTE Los Hornillos, Carlos Fernández; al jefe de servicio de Ecoparques, Javier Hernández de France, y al exjefe de servicio del área técnica de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), José Luis Vayá. Este último participaba, a través de un testaferro, en la empresa Servicios Medioambientales Valencia (SMV), que facturó 10 millones de euros a la concesionaria de la planta, según la denuncia de la Emtre en 2018 ante la Fiscalía Anticorrupción. 

El escándalo de la 'trama de las basuras' se cobró la cabeza del gerente de la Emtre Eugenio Cámara, destituido en 2020 tras la denuncia. Cámara, que tiene plaza en propiedad en la Emtre, fue nombrado como gerente durante la época de la edil popular Maria Àngels Ramon-Llin al frente de la entidad y es yerno del exvicealcalde, Alfonso Grau, antigua mano derecha de la fallecida alcaldesa Rita Barberá y uno de los principales investigados en el 'caso Azud'

La UTE no necesitaba asesoría externa

José Luis Vayá declaró hace unos meses como testigo ante los investigadores de la UCO del 'caso Azud'. Reconoció que firmó el informe de valoración de las ofertas, un estudio “asesorado” por Eugenio Cámara y Francisco Sala, técnico de la empresas Fervasa.

Sin embargo, Cámara no firmó el informe “dado que tiene una causa de abstención por haber trabajado” en la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), una empresa adjudicataria del Ayuntamiento de València e implicada en la financiación en B del PP de València en el marco del 'caso Taula'. Sala tampoco firmó porque no era técnico de la Emtre sino de Fervasa.

El testigo describió a Eugenio Cámara, yerno de Alfonso Grau, como una “persona muy reservada” que “nunca” comentaba nada de lo que “haya podido hablar con los políticos” del Ayuntamiento de València. José Luis Vayá también aludió a una reunión en el despacho de Rita Barberá en la que la alcaldesa dijo que la valoración de las ofertas se debía hacer “de forma ecuánime”.

Barberá “conocía a todas las empresas que licitaban al procedimiento” y “como no quería quedar mal con ninguna, no quería que los técnicos cediesen ante las presiones a las que estaban siendo sometidos”, por lo que la valoración debía ser “lo más justa posible”.

El exgerente de la UTE, José Vicente Jiménez Baena, explicó que la empresa en la que trabajaba (Sufi, posteriormente absorbida por Sacyr) se asoció con Cyes y con Corporación F. Turia SA “con el fin de buscar sinergias para la adjudicación”.

El testigo manifestó que la UTE no tenía unas “necesidades jurídicas especiales”, que normalmente eran solventadas por los abogados de las propias empresas que la componían. De hecho, el exgerente no consideraba “necesaria” la contratación de un asesor jurídico externo.

A pesar de que Corbín cobró por ese concepto 261.000 euros, el testigo ni siquiera se enteró del pago al cuñado de Rita Barberá, al que nunca vio en los comités de gerencia de la UTE Los Hornillos. Es más, cualquier contrato de ese tipo debía haberlo firmado él. José Vicente Jiménez Baena tampoco vio los supuestos trabajos elaborados por Corbín, según declaró ante la UCO.