“Tú aún eres joven para darte cuenta, pero arrieros somos y en el camino nos encontraremos; soy un tío generoso, y cuando digo generoso no hablo de chorradas, y si tú me ayudas, en otro momento podemos hacer alguna colaboración o algo similar”.
Esta frase corresponde a uno de los directivos investigados de la empresa Servicios Medioambientales Valencia (SMV). Se la pronunció al director técnico de la Entidad Metropolitana de Tratamiento (Emtre), cuando este tumbó la oferta de la mercantil por el transporte de contenedores de los ecoparques (58,45 euros el viaje), al haber otra más ventajosa por parte de otra empresa (51,95 euros).
Esta situación que se dio en el año 2015 fue una de las que hizo saltar las alarmas en el seno de la entidad pública sobre el procedimiento para realizar las contrataciones hasta ese momento y el hecho de que la mayoría de ellas recayeran sobre SMV, aunque hubiera otras ofertas mejores.
Detrás de estas adjudicaciones estaba José Luis Vayá, jefe de servicio del área técnica del Emtre, uno de los principales investigados en la causa abierta en el juzgado número 3 de València que investiga un presunto caso de corrupción en el seno de la entidad pública.
La investigación parte de una denuncia ante la Fiscalía de la dirección de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) en el 2018, presidida entonces por la que fuera concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de València, Pilar Soriano (Compromís) y que ahora dirige el edil del mismo ramo Sergi Campillo (Compromís).
Según la denuncia, José Luis Vayá, jefe de servicio de la Emtre, creó con otros dos interesados SMV, una empresa contratista, y medió para que su facturación creciera de 70.000 euros a 2,2 millones entre los años 2011 y 2016. En el año 2017 la facturación ascendió a 1,8 millones de euros.
Uno de ellos había ejercido previamente como director general para la Unión Temporal de Empresas (UTE) Los Hornillos, entidad que presta el servicio de tratamiento y valorización de residuos por medio de una concesión de la Emtre.
El escrito remitido a la Fiscalía y que a su vez ha servido para que el ministerio público presente denuncia en el juzgado detalla que Vayá abonó una cantidad cercana a 70.000 euros en metálico para formar parte del accionariado de SMV a través de un testaferro, sin que su nombre figurara oficialmente como socio en ningún documento.
Hasta el año 2013, la Emtre contrataba proveedores mediante un informe de mercado elaborado por el propio Vayá con diferentes empresas en el que siempre figuraba SMV como la más destacada, a la que se le adjudicaban a dedo la mayoría de los contratos. Cuando en 2013 se decide implantar un modelo de subasta pública para las contrataciones, Vayá se opuso mediante un informe.
Lo mismo sucedió en la UTE Los Hornillos, encargada de gestionar y explotar la red de ecoparques, aunque en este caso el cambio del sistema de adjudicación directa, siempre supervisado por Vayá y con SMV como principal beneficiario, a la subasta pública se materializó en el año 2015.
Según la denuncia, “la actitud permanentemente benefactora que José Luis Vayá ha tenido hacia la empresa SMV nunca ha evidenciado la imparcialidad propia exigible hacia un funcionario público”.
Otro ejemplo que figura en la denuncia que prueba la connivencia de Vayá con SMV es que puso “todo tipo de obstáculos posibles” cuando desde la Emtre se decidió apartar a la mercantil como intermediaria en la gestión de las cenizas tras la cremà de las Fallas, puesto que la participación de la mercantil en el proceso no aportaba “valor añadido alguno”, al ser un mero intermediario de la UTE Los Hornillo, una labor por la que se embolsaba en una noche unos 30.000 euros.
En 2016, se decidió otorgar el contrato de gestión de las cenizas a la empresa Andújar y Navarro al ofertar un precio de 21 euros por tonelada, muy por debajo de los 39 euros por tonelada ofertados por SMV. Según la denuncia, “este hecho a Vayà no le pareció bien presionando de todas las maneras posibles para que se aceptase la oferta de SMV”.
Colaboración con la justicia
El vicealcalde de València y actual presidente del Emtre, Sergi Campillo, ha destacado que las supuestas prácticas irregulares habrían tenido lugar antes del cambio de gobierno municipal en 2015.
Campillo ha insistido en que fue la Emtre quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y ha expresado “la total y completa colaboración por parte de la Emtre con la justicia”.
Tras conocer los hechos denunciados, sobre los que el Consistorio no ha aportado más datos, el equipo de Gobierno “ha activado medidas cautelares de prevención dentro de la entidad para velar por la buena gestión de los recursos públicos”.
En todo caso, ha explicado, “tanto la denuncia cono las medidas posteriores son el resultado de la política de regeneración democrática y tolerancia cero contra la corrupción puestas en marcha con el cambio de gobierno en València”.