El caso Gürtel puede dar un giro copernicano en pleno juicio gracias al cambio de versión de los cabecillas y principales acusados de la trama corrupta. Tras la confesión de Francisco Correa y la autoinculpación, a cambio de mejoras penales, de los nueve empresarios que pagaron las campañas del PP en 2007 y 2008, en la sesión del miércoles han sido Álvaro Pérez, el Bigotes, el comercial de la red en València, y Pablo Crespo, el contable, los que han anunciado “nuevas revelaciones” que pueden acabar de hundir a la cúpula del PP de Francisco Camps.
Tales han sido las expectativas generadas que la Fiscalía y el resto de acusaciones han aceptado suspender 48 horas el juicio para que los acusados puedan sustanciar las nuevas pruebas que ayuden a “conocer la verdad” de esta pieza del caso Gürtel, en palabras del juez de la Audiencia Nacional que debe decidir.
Así, según fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es, tanto Crespo como Álvaro Pérez están dispuestos a ratificar la declaración de Correa en la que aseguró que era el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, quien les dijo que los actos del partido que realizó Orange Market, la empresa de la trama, los pagaban los empresarios. Aunque las mismas fuentes no descartan nuevas aportaciones sobre otras patas del proceso que todavía quedan por esclarecer.
A lo largo de este jueves los letrados de ambos acusados se reunirán con la Fiscalía para explicar las nuevas revelaciones que sus representados pueden hacer el viernes en el juicio que, incluso en algún caso, podrían ser sustanciadas con documentación.
Por su parte, fuentes de las acusaciones aseguran que en la actual fase procesal no es posible llegar a una conformidad, como han hecho los empresarios financiadores, pero sí se podría tener en cuenta esta buena voluntad por colaborar en la posterior petición de penas. La fiscal puede cambiar el escrito de acusación en el momento que considere oportuno.
Prescrito para Camps
Pero según las fuentes jurídicas consultadas, Crespo y 'el Bigotes' no solo están dispuestas a facilitar la acusación final contra la cúpula del PP de Camps, sino a apuntar al propio expresidente de la Generalitat como conocedor de la presunta financiación irregular. Eso sí, no dejaría de ser una responsabilidad política y mediática para Francisco Camps, puesto que la penal respecto a los delitos electorales de las campañas de 2007 y 2008 y el delito continuado de falsedad habría prescrito.
Sería improductivo también, por muchas revelaciones que se hicieran contra el político valenciano -ya imputado en otra causa por corrupción-, que se abriera un proceso penal por esta causa.
Pese a la imposibilidad de conseguir una sanción contra “la piedra Rosetta” de esta pieza, unas declaraciones que apuntaran más arriba de Ricardo Costa o Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno valenciano, también serían bien recibidas por las acusaciones. Al final, se trata de conseguir el mayor número de datos para conocer el porqué de la financiación irregular del PP en la Comunitat Valenciana en los años 2007 y 2008.