La crisis de la ciudad de Valencia estalló en febrero de 2016, tras la operación policial que abrió el caso Taula y llevó a la imputación de 10 de los 11 concejales del PP en el Ayuntamiento, investigados por el supuesto blanqueo de dinero de la caja B del partido. Todo el equipo de la exalcaldesa Rita Barberá se vio salpicado y la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, disolvió la dirección local y anunció una refundación del partido que todavía está pendiente.
A la junta directiva regional que nombró al diputado autonómico y exconseller de Gobernación y Justicia Luis Santamaría presidente de la gestora local asistió entonces el coordinador y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo.
Martínez-Maíllo ha sido el artífice del nombramiento de otra gestora, esta vez de toda la provincia de Valencia. Casi un año y medio después de aquella crisis, todavía sin resolver (los concejales siguen formalmente apartados del PP), se ha desencadenado otra. Aunque ahora no es directamente la corrupción, que ha asolado la organización provincial, la causante del desenlace sino la división interna.
El diputado autonómico Vicente Betoret, -bien relacionado con la dirección nacional del PP en la madrilena calle de Génova desde que en mayo de 2015 sustituyera en la presidencia provincial a Alfonso Rus, detenido e imputado por el caso Imelsa,. ha visto cómo le disputaba el cargo de cara al congreso provincial la actual portavoz en la Corporación, Mari Carmen Contelles, apoyada por Bonig.
Génova, que ya impidió, cuando todavía vivía Rita Barberá, que los concejales de Valencia imputados fueran expulsados del partido si no dejaban sus puestos como pretendía Bonig, se ha negado ahora a que se convoque un congreso provincial con varios candidatos y ha exigido la negociación de una lista única.
La falta de confianza de la dirección nacional que preside Mariano Rajoy hacia Isabel Bonig, colocada en su día a sugerencia de Rita Barberá, que después se quejaría amargamente de su “traición”, y reelegida pese a ello el pasado marzo en unas primarias en las que no tuvo rival, así como la incapacidad de llegar a un pacto han bloqueado la convocatoria del congreso durante semanas. Hasta que la dirección nacional ha creado una gestora, presidida por el diputado en el Congreso Rubén Moreno, para salir del impasse y evitar el “espectáculo”.
Teóricamente, la misión de la gestora es preparar el congreso provincial a la vuelta del verano, pero el hasta ahora presidente provincial Betoret ya ha adelantado su intención presentarse, lo que deja el conflicto en la casilla de salida. Lo único cierto es que el PP valenciano vive en estado de excepción, dirigido en la capital y en la provincia más importante por gestoras provisionales. Una situación que resta autoridad a Isabel Bonig, con la organización liderada en Alicante y Castellón por barones provinciales (José Ciscar en el primer caso y Miguel Barrachina en el segundo) e intervenida desde Madrid en Valencia.
No parecen las mejores condiciones para encarar la “reconquista” del poder que los populares proclaman desde que lo perdieron en la mayoría de las instituciones valencianas, incluidas la Generalitat y todas las grandes ciudades, en 2015.