La antigua cúpula de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) no gana para disgustos. Tras una primera condena, Rafael Montero, exsecretario general de la asociación patronal, y José Antonio Espejo, exdirector de formación, se enfrentan a un nuevo juicio por el presunto desvío de fondos públicos para cursos de formación que no se llegaron a realizar. Los dos acusados se enfrentan de nuevo al banquillo tras el auto de apertura de juicio oral dictado por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y fraude de subvenciones.
La resolución indica que existen suficientes indicios racionales de criminalidad contra los dos dirigentes de la extinta asociación empresarial por el supuesto desvió de fondos públicos para cursos que “no se iban a impartir”, a pesar de que la CEC abonó las facturas.
El sumario incluye extractos de cuentas bancarias y transferencias “que reflejan la disposición de los fondos de subvención a fines distintos de la formación a la que iban destinados”, además de la falta de justificación documental del destino del dinero público.
Rafael Montero y José Antonio Espejo, junto con el expresidente de la CEC, José Roca, ya han sido condenados recientemente en una causa calcada. Los tres exdirigentes patronales fueron condenados por la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón a dos años de prisión por un delito agravado de apropiación indebida. La sentencia también les impone, en concepto de responsabilidad civil a abonar conjunta y solidariamente, 191.000 euros a las empresas que reclamaban la deuda.
El antiguo Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef, actual Labora) de la Generalitat Valenciana concedió en 2010 una subvención global de 12,2 millones de euros a la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) para la ejecución de un plan de formación intersectorial. Los fondos fueron gestionados por las confederaciones empresariales de las tres provincias valencianas. La patronal de Castelló recibió 3,1 millones de euros.
Sin embargo, según el apartado de hechos probados de la sentencia, algunos de los cursos impartidos según el plan de formación “no fueron abonados a las entidades privadas que los llevaron a cabo”. Los tres condenados (entre ellos José Antonio Espejo, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia) dispusieron de 190.770 euros “para fines distintos del pago” a las firmas que habían impartido los cursos y “en beneficio propio” de la organización patronal “a la que representaban”.
Fondos públicos desviados “en beneficio propio” de la patronal
Uno de los testigos, de una empresa que realizó hasta 11 cursos de formación en 2011, declaró que cuando solicitaron cobrar la deuda pendiente, Espejo le dijo que “había habido un problema con la conselleria y habían decidido poner un contencioso contra ese expediente, sin que dieran solución a los problemas”.
La representante legal de otra de las empresas también reiteró que la CEC no les había abonado los cursos impartidos. Un tercer testigo también declaró que Espejo se escudó en que los fondos “no se podían cobrar porque estaba pendiente de un expediente contencioso-administrativo y no tenían dinero”.
El fallo concluye que los tres exdirigentes patronales destinaron los fondos públicos “en beneficio propio” de la organización “a la que representaban y gestionaban”. Roca, Montero y Espejo se libraron del presunto delito de malversación de caudales públicos al no ser la organización patronal una entidad de naturaleza pública.