La Conselleria de Sanidad reclama al obispo de Orihuela-Alicante que aparte al cura condenado por pederastia de su puesto en el hospital público de Alicante. Amador Romero fue condenado a 18 meses de cárcel y a pagar 60.000 euros a la víctima, un monaguillo de 11 años, por abusos sexuales continuados, pero no entró en prisión porque la pena no superaba los dos años y no tenía antecedentes.
El sacerdote fue trasladado “a petición propia” de la diócesis de Granada, con el favor del obispo de Alicante, que le permitió trabajar en su demarcación. Desde hace diez años, el condenado trabaja prestando servicios religiosos en hospitales públicos -estuvo como capellán en el Hospital General de Elche-. Como ocurre con las escuelas públicas, es el obispado el que realiza la selección del personal, aunque paga la Administración.
Como consecuencia del acuerdo entre el Estado y la Conferencia Episcopal de 1985 (en tiempos del gobierno socialista de Felipe González), la Generalitat Valenciana gasta 856.000 euros en pagar los sueldos de los capellanes en los centros sanitarios. Otros convenios, como con el de la confesión evangélica, implican que únicamente se les ofrece un espacio a los pastores, mientras que con la comunidad musulmana no hay ningún tipo de acuerdo.
Ahora, según ha podido saber eldiario.es, el Gobierno valenciano pide al obispado a través de una carta información sobre el sacerdote y exige que tome medidas. Además, reclama que se aparte al religioso de un puesto en el que puede tener contacto con menores como es un centro hospitalario público.
Hace una semana, el obispado emitió un comunicado en defensa del religioso, en el que destacaba que “tanto la justicia civil como eclesiástica no le prohíbe o limita para el ejercicio de su ministerio sacerdotal”. El mismo obispo responsable de estas palabras obligó a otro religioso, el cura de l'Alfàs del Pi a que se retractara por denunciar en una red social la corrupción de la Iglesia.