Operación contra la corrupción del PP de Valencia en varios ayuntamientos, la Generalitat y la Diputación provincial por el caso Imelsa. Según ha podido saber eldiario.es, en la bautizada como Operación Taula se han producido 24 detenciones, (ocho políticos del PP, 12 empresarios, dos arquitectos, un funcionario y un exasesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia) y 36 registros, ordenados por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el caso hay 29 imputados por una supuesta red de pago de comisiones, que practicaba mordidas a contratos públicos. Los investigadores creen que se pudieron distraer millones de euros. El caso comenzó tras una denuncia de EUPV, la marca de Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia ha confirmado que en la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. El caso está bajo secreto de sumario, pero fuentes próximas a la investigación, que ha contado con la colaboración del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, han confirmado que el exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ha sido arrestado en la sede de su empresa. Rus ya ha sido el protagonista de varios escándalos antes de perder la alcaldía y la presidencia del PP de Valencia. Fue pillado contando billetes de una supuesta comisión. También logró que le tocaran cinco décimos de lotería simultáneamente en el año 2011, que le salvaron de la ruina. Cuando estalló el caso Imelsa, Rus dijo que todo era un “complot” contra él.
Hay varios detenidos confirmados. David Serra, exvicesecretario del PP en la Comunidad Valenciana e imputado por el caso Gürtel, concretamente en las piezas que investigan la presunta financiación ilegal del partido. Emilio Llopis, exalcalde del municipio de Genovés y mano derecha de Rus, del que fue jefe de Gabinete. María del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia, asesora del PP, persona de confianza de Rita Barberá y hermana del exsenador popular José Rafael García Fuster.
Otra de las arrestadas es es María José Alcón, exasesora de Rita Barberá y exconcejal de Cultura del Ayuntamiento. Fue partícipe en los proyectos bajo sospecha del consistorio valenciano, como la Mostra de Cine o la adjudicación del espacio cultural La Rambleta, que también ha sido registrado. Alcón, actual pareja del exvicealcalde de Valencia e imputado en el caso Nóos Alfonso Grau, también está imputada por otra causa de esta fiscal. Uno de los asesores del PP que trabajaban para Alcón, Pedro Aracil, también está entre los arrestados
Dos exvicepresidentes de la Diputación de Valencia, Máximo Caturla y Juan José Medina, muy ligados a Rus, también han sido arrestados. El otro detenido confirmado es Vicente Burgos, que fue uno de los consejeros nombrados por Alberto Fabra para liquidar Canal 9. Burgos ya estuvo en prisión por no pagar una multa de 2.100 euros. El único trabajador público detenido es Salvador Deusa, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia
33 registros
El TSJ ha informado de que los 33 registros se han hecho en Valencia (12 en la capital y 17 en otros municipios), Alicante, Castellón y Dénia y Muro de Alcoy, dos municipios de Alicante. 14 han sido en domicilios particulares y 19 en sedes sociales. Entre los lugares donde se han producido o se están produciendo registros está el domicilio de Alfonso Rus, una empresa de muebles propiedad de Rus; la sede del Olímpic de Xàtiva, el club que presidía Rus; Ciegsa, la empresa de la Generalitat encargada de construir colegios bajo sospecha de corrupción, de la que fue consejero delegado Caturla; las oficinas del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, las de la Fundación Jaume II el Just, que fue dirigida por Burgos, Engloba, una agencia de publicidad contratada habitualmente por el PP, según la confesión de Francisco Correa, o Benigrass, una empresa con sede en Benigànim (Valencia) que fue ajudicataria de varios contratos de la Diputación. Benigrass es propiedad de Vicente Cuquerella, copropietario de la sede central del PP en la Comunitat Valenciana.
Los investigados
En la macrooperación también se investiga a Rita Barberá, que negó el pasado año estar implicada en Imelsa, y a otros dirigentes del PP de Valencia: Alfonso Novo, número 1 del partido en el Ayuntamiento de Valencia, y Luis Salom, el asesor que chantajeó a Guanyem al registrar su marca, muy conocido por su beligerancia en las redes sociales. Otro de los investigados es el diputado nacional del PP y exconseller valenciano Gerardo Camps, según El Mundo.
Marcos Benavent, testigo clave
La colaboración del exgerente de Imelsa y comisionista Marcos Benavent, que ha aportado documentación e información a cambio de una reducción de condena, ha sido clave para llevar a cabo la operación.
En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó “de todo” de la Diputación -aunque pensaba devolverlo, según dijo- y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño “a mucha gente” contando la verdad. “Va a salir mierda a punta pala”, expresó.
En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un “yonqui del dinero”, describió su relación con Rus de “confianza profesional” y agregó que no compartía “muchas cosas” ni con él ni con el PP o con la forma de gobernar “a todos los niveles”.
Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.
A raíz de la distinta documentación y discos duros que Benavent ha ido entregando ante el fiscal encargado del caso, agentes de la UCO se han ido personando en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el consistorio valenciano para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura.
Paralelamente a este procedimiento, un juzgado diferente, el número 6 de Valencia, mantiene abierta una causa contra Marcos Benavent tras la denuncia que le interpuso la Diputación de Valencia, cuando estaba presidida por Rus, por presuntos gastos injustificados y otras irregularidades.