Jorge Rodríguez, expresidente socialista de la Diputación de València y actual alcalde de Ontinyent por una formación independiente creada por él tras abandonar el partido, ha sido procesado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos junto a varios de sus cargos de confianza y los directivos nombrados al frente de las áreas de dirección de la empresa publica Divalterra (heredera de Imelsa, el epicentro de la presunta trama de corrupción masiva del PP que se investiga en el marco del caso Taula). La instrucción de la “compleja investigación” partió de una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir denuncias de un consejero de Ciudadanos en la empresa y de varios cargos contratados por Marcos Benavent, autodenominado yonki del dinero y exgerente de Imelsa.
El juez, en el auto de incoación de procedimiento abreviado al que ha tenido acceso este diario, cifra en 1,1 millones de euros el supuesto perjuicio a las arcas públicas y libra de la causa a Vicente Lucas Ferrando Zapater al haber renunciado al puesto poco después de su nombramiento y, por tanto, no haber ejercido cargo alguno. El auto señala que los procesados hicieron un “reparto de cargos consciente y calculado para favorecer a miembros o simpatizantes de los partidos políticos en el poder [PSPV-PSOE y Compromís]”, tras las elecciones del 2015 que dieron la victoria a la izquierda en la Diputación de València tras la estela de presunta corrupción que dejó el anterior presidente del PP, Alfonso Rus.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València recuerda que los nuevos responsables de la institución provincial modificaron la denominación de la empresa pública (pasó de llamarse Imelsa a Divalterra) para crear una nueva imagen y tratar de distanciarse de la “situación procesal intensa” del caso Taula. La instrucción del caso Alquería ha recopilado “cientos y cientos de documentos” con los que se constata que los contratos de alta dirección se diseñaron para que cargos de confianza del PSPV-PSOE y de Compromís ocuparan un “cargo ficticio y simulado”. Así, acceden a las nuevas direcciones creadas, con una notable remuneración, “por pactos políticos de reparto de puestos” y por cuestiones “meramente de pertenencia o de simpatía” hacia los dos partidos, lejos de los “criterios legales requeridos” y sin los necesarios poderes para ejercer la alta dirección.
El magistrado reprocha a los procesados que evitaran que los nombramientos pasaran por el Consejo de Administración, al que corresponde la facultad de nombrar al personal directivo, para tramitarlos “sin el rechazo del único órgano competente de la empresa”. José Manuel Orengo, primer jefe de gabinete de Jorge Rodríguez y hombre de confianza de Ximo Puig hasta su marcha a la empresa Baleària, confirmó en su declaración como testigo que la nueva estructura de la empresa se diseñó para asignar puestos de alta dirección en función de los “porcentajes de voto obtenidos”.
El informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado concluye, en la línea con la decena de informes que solicitaron los nuevos gerentes de la empresa pública, que los nombramientos vulneraron el Estatuto Básico de los Empleados Públicos al no haber garantizado los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad.
Los siete altos cargos contratados inicialmente carecían de los poderes necesarios, “tan solo igualmente ficticios”. “No consta en la multitud de diligencias practicadas y su resultado ningún informe técnico que justificara la necesidad de tales contrataciones”, añade el magistrado, quien no oculta su sorpresa por el hecho de que en la nueva legislatura inaugurada por la izquierda se pasa de un puesto de gerente (que ocupaba precisamente el yonki del dinero) a diez altos directivos, “lo que resulta insostenible técnica y organizativamente”.
Los nuevos directivos, además, no tenían capacidad para representar a la empresa, ni ejercieron ninguna función como tales, “salvo los beneficios propios a efectos económicos de dichos cargos” y los intereses “más que de la empresa y su objeto, de los partidos políticos” que los nombraron. El auto destaca que hasta en 11 informes se reitera la presunta ilegalidad de la contratación, “por lo que no cabe alegar confusión o ignorancia por ninguno de los investigados”. En los siguientes dos nombramientos tampoco se aplica el procedimiento legal, “ratificando la ilegalidad por puros intereses partidistas y no en beneficio de la empresa”. Estos dos últimos nombramientos solo “podrían entenderse como una huida hacia adelante”, dice el auto.
El juez considera que no hay evidencia alguna de que los altos directivos hayan ejercido como tales. Además, recuerda que en los presupuestos de aquel mandato no se incrementaron los fondos para crear nuevas áreas. El auto recoge los correos electrónicos proféticos —“de gran relevancia para la causa”— enviados por el primer gerente, el socialista Víctor Sahuquillo, al entonces presidente Jorge Rodríguez, en los que advertía del tremendo lío en el que se estaban metiendo y que demostrarían “el cabal y completo conocimiento” por parte de Rodríguez de la delicada situación que se cocía a fuego lento.
La declaración del jefe de los servicios jurídicos
Si bien los mensajes de Sahuquillo, intervenidos por la UDEF, sirven en gran medida para apuntalar el procesamiento, es la “amplísima declaración” del jefe de los servicios jurídicos, José Luis Vera, la que más espacio ocupa en el auto de incoación de procedimiento abreviado. El testigo, quien también alertó de las presuntas ilegalidades en los nombramientos y que estaba inmerso de lleno en guerras internas entre los socialistas, declaró que los siete altos directivos entraron a trabajar en áreas en las que no había ni personal ni presupuesto. Simplemente se dedicaban a “pedir opiniones” a sindicatos y alcaldes.
El jefe jurídico, de baja por enfermedad, aseguró que le “consta” que los más estrechos colaboradores de Jorge Rodríguez “se han dirigido a trabajadores y personas de la empresa” que le han visitado durante su convalecencia por el temor a ser despedidos si no seguían las instrucciones. Vera llegó a asegurar que la co-gerente Agustina Brines, de Compromís, acudió a su casa con una lista de 30 personas que debía despedir supuestamente por orden de Rodríguez, “por ser sospechosos de haber sido nombrados por el PP”.
El auditor interno de Imelsa también declaró que “desde un punto de vista de la eficiencia del gasto público es incomprensible que donde antes había un solo gerente se pase a diez”. El director de recursos humanos de Divalterra manifestó que las dos últimas contrataciones eran “una mangarrufa”.
El PP rechaza la “mala imagen”
El presidente provincial del PP de Valencia y portavoz en la Diputación, Vicente Mompó, ha lamentado la “mala imagen que transmiten estas actitudes hacia la ciudadanía” y por eso ha pedido contundencia a la hora de que ninguno de los 15 procesados continúe ostentando cargos públicos. Mompó asegura que las contrataciones conllevaron una “malversación de caudales en favor de unos particulares por puros intereses partidistas” del PSPV y Compromís, las dos formaciones políticas que gobiernan la corporación provincial.