En la primera sesión del juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel', iniciado este lunes tras la suspensión de la semana pasada, las defensas han atacado, prácticamente al unísono, la presencia del letrado que representa en la causa la acusación particular que ejerce la Generalitat Valenciana, Emilio Amezcua. En primera fila del banquillo de los acusados, los jefes de la red (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez) escuchaban las alegaciones mientras que Francisco Camps se ha situado en el asiento más alejado —al fondo a la derecha de la sala— del resto de acusados, una decena de los cuales, entre ellos algunos de sus antiguos altos cargos, han alcanzado pactos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.
En la fase de cuestiones previas del juicio por las adjudicaciones de la feria Fitur y los contratos menores a la trama, celebrado en la Audiencia Nacional, la representante de Anticorrupción ha pedido que se determine “cuál es la representación y la legitimidad” de la Generalitat Valenciana, admitida hace dos años por el tribunal en su condición de perjudicada. La fiscal ha planteado dudas sobre “el perímetro” y el “mandato” de la representación jurídica, en referencia a si representa exclusivamente a la Generalitat Valenciana o también al resto de entidades, fundaciones y empresas públicas que figuran en la causa.
El letrado aludido ha asegurado que su tarea abarca tanto la “matriz” de la Generalitat Valenciana como los entes del sector público autonómico. Emilio Amezcua ha matizado que es un “letrado particular” a quien se le encargó personarse y llevar a cabo la defensa jurídica de la administración valenciana. “A través de un contrato menor”, ha indicado.
El papel de la representación jurídica de la Generalitat Valenciana, en manos del Pacte del Botànic formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, ha protagonizado gran parte de la fase de cuestiones previas. La primera vista del juicio se suspendió el pasado 23 de enero debido a un escrito de última hora (registrado de madrugada) en el que la Generalitat Valenciana pedía un aumento de la indemnización en concepto de responsabilidad civil. El escrito no pudo ser trasladado a las partes, según dijo el presidente del tribunal, lo cual conllevó la suspensión preventiva del juicio.
El contrato, para ejercer la defensa como actor civil, prevé un plazo de ejecución de un año por un importe de adjudicación de 9.982 euros. El último Gobierno autonómico 'popular' de Alberto Fabra rechazó en 2014 ejercer la acción penal y de responsabilidad civil que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le ofreció en esta pieza separada del 'caso Gürtel'. Sin embargo, el Ejecutivo del Pacte del Botànic revocó tres años después aquel acuerdo y autorizó el ejercicio de la acción de responsabilidad civil mediante contratación externa.
La intención del contrato menor, según la resolución de adjudicación, pasa por “mejorar” la posición jurídica de la Generalitat Valenciana en la causa de cara a recuperar activos económicos de los que fue “indebidamente privada”. Así, el anuncio de contratación fue remitido al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Tras la selección de cinco candidatos con las ofertas más ventajosas y una entrevista personal, el contrato fu adjudicado a Emilio Amezcua.
El letrado de Francisco Correa se ha preguntado “qué pretende” la acusación particular. Por su parte, la defensa de Álvaro Pérez El Bigotes ha alegado que el escrito de la Generalitat Valenciana produce un “desbordamiento” del auto de apertura de juicio oral dictado por el juez instructor.
Además, el abogado de Dora Ibars, antigua alto cargo del Gobierno de Camps, ha recordado que el contrato menor “no puede exceder un año de duración” y “no se puede renovar”. “Sin la legitimación para intervenir en este proceso no habría ningún soporte para que el letrado estuviera en esta sala”, ha dicho en referencia al representante de la acusación particular.
La defensa de la funcionaria María Paz Aviñó ha afirmado que se trata de un “fraccionamiento de contratos” y ha pedido que los escritos de la Generalitat Valenciana sean inadmitidos.
Camps rechaza el video de la boda de 'El Bigotes'
La letrada de Francisco Camps ha reiterado la petición de anulación de la causa para el expresidente valenciano, entre otros motivos, por la prescripción de los delitos. También ha dicho que la personación de la Generalitat es contraria a la ley de la Abogacía de la Generalitat Valenciana.
La defensa de Camps ha considerado “impertinente” e “inútil” la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se aporte el video de la boda de Álvaro Pérez El Bigotes, a la que asistió el expresidente 'popular'.
Se trata, según el Ministerio Público, de una prueba que “evidencia” la relación personal entre el delegado de la trama Gürtel en Valencia y el acusado Francisco Camps.
En declaraciones a los medios a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), recogidas por Europa Press, Camps ha denunciado lo que considera una “persecución feroz” por parte del Ministerio Público y del actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Preguntado sobre si teme que los pactos que han cerrado algunos de los principales acusados en esta vista oral con Anticorrupcion puedan perjudicar su defensa, Camps ha asegurado que no teme “absolutamente nada”.