Turno de las defensas del equipo del expresidente de la Diputación de Valencia en las últimas sesiones del juicio del 'caso Alquería'. El letrado de Ricard Gallego, exjefe de gabinete de Jorge Rodríguez, ha defendido la “nula intervención” de su cliente en los hechos que se enjuician en la causa.
La defensa de Gallego alega que en ninguno de los correos electrónicos intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aparecen los informes que cuestionaban la legalidad de los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.
El letrado sostiene que la condición de cooperador necesario por la que se acusa a Ricard Gallego no ha quedado acreditada. El jefe de gabinete de Jorge Rodríguez se habría enterado de la polémica sobre los contratos de alta dirección “por la prensa”. En definitiva, ni “participó” en la elaboración de los contratos ni “emitió ningún informe”.
La defensa de Ricard Gallego ha argumentado que entre 2015 y 2018 no resultaba de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para los contratos de alta dirección. En todo caso, se trata de una cuestión “tremendamente controvertida” con jurisprudencia contrapuesta.
La defensa de Jorge Cuerda, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de la empresa pública, ha argumentado que su cliente se dedicaba exclusivamente al “asesoramiento legal” y no ejerció “un control de hecho sobre Divalterra”.
En la misma línea que los otros acusados del equipo de Jorge Rodríguez, el letrado de Cuerda ha incidido en que su cliente no tuvo una intervención directa en los nombramientos de los altos directivos ni ocultó los informes contrarios a las contrataciones. La defensa del secretario del Consejo de Administración de Divalterra ha asegurado que los cargos cumplieron funciones de alta dirección. “No hay evidencias de que no fuera así”, ha apostillado.