La depuradora de Pinedo fue uno de los grandes agujeros negros de la corrupción del PP en València. A través de la empresa pública Emarsa, gestora de la planta, se desviaron 23,5 millones de euros entre los años 2004 y 2010, en un caso en el que han sido condenados 24 personas entre políticos populares y técnicos afines.
Los vecinos afectados por los problemas de ruidos y malos olores que causó su última ampliación, la llamada fase tres, han solicitado definitivamente la ejecución de la sentencia que ganaron en 2016, la cual declara ilegal su apertura por carecer de licencia de actividad. Esto abocaría a la planta de tratamiento al cierre de toda su actividad.
La Generalitat Valenciana, responsable de la instalación, realizó los trámites de la ampliación a las bravas y pasando por encima de los vecinos, quienes interpusieron la denuncia en 2005, con Rita Barberá en el Ayuntamiento de València y Francisco Camps al frente del Gobierno autonómico.
Entonces, se dio la contradicción de que mientras Emarsa gestionaba las dos primeras fases, la tercera se adjudicó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aguas de València y Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM).
Una vez saltó a la luz el escándalo del saqueo, la Generalitat decidió liquidar Emarsa y es en ese momento se encomendó durante 20 ños la gestión de la depuradora de Pinedo a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), quien a su vez licitó y adjudicó toda la planta a la misma UTE hasta febrero del año que viene.
El cierre, un desastre medioambiental
De ordenarse el cierre de la depuradora de Pinedo como consecuencia de la petición de la ejecución de la sentencia, se produciría un auténtico desastre ambiental.
La planta da servicio a 1,5 millones de personas de València y su área metropolitana. Es con diferencia la mayor planta de depuración de aguas de la Comunitat Valenciana y de las más grandes de España.
De hecho, según un informe de la Conselleria de Medio Ambiente, “la parada de Pinedo III acarrearía un episodio crítico de contaminación, al propiciar el vertido de unos 70 hectómetros cúbicos de agua con una contaminación media en demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) de 176 miligramos por litro, septuplicando las cifras de contaminación autorizadas”.
Una contaminación que afectaría principalmente a las playas de València, donde irían a para todas las aguas residuales que ahora se depuran en la instalación.
Tanto el concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València, Vicent Sarriá, como el secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada, han comentado que el cierre de la depuradora es inviable.
La solución pasaría por la elaboración de un Plan Especial de medidas correctoras, una actuación que el fallo considera indispensable para legalizar la planta de agua.
25 millones de inversión
Como ha informado eldiario.es, la Conselleria de Medio Ambiente invertirá 25 millones de euros para reducir las molestias que genera la depuradora de Pinedo.
Según ha explicado el secretario autonómico, Fran Quesada, el plan se aprobará tras el próximo verano y prevé 10 millones para mitigar los olores y los ruidos del tráfico pesado mediante la creación de vías alternativas, y otros 15 para modernizar la planta con nuevas turbinas y otros elementos más sostenibles y eficientes.
Actualmente, el documento está en fase de evaluación ambiental y después tendrá que pasar a exposición pública, lo que retrasará su aprobación definitiva al próximo verano.