La Unió de Periodistes Valencians, después de conocer que la sentencia del juzgado de lo Penal número 3 de Valencia sobre las agresiones sufridas por la fotoperiodista Provi Morillas en Petrés desestima la acusación para impedir el ejercicio de “un derecho fundamental”, manifiesta que el respeto debido a las decisiones judiciales no impide opinar sobre la relación que parece establecer el texto de la sentencia entre la condición de trabajador en plantilla de un medio para poder ser titular del derecho a la información.
Según se puede leer en la sentencia: “se sostiene acusación por el tipo de impedir el ejercicio de un derecho fundamental, y ello, atendiendo a la condición de periodista de la Sra. Morillas quien estaría actuando, en el momento de los hechos, en ejercicio como periodista del derecho a la información. Se ha de desestimar dicha pretensión”.
Y prosigue: “de las pruebas practicadas se desprende que no ha resultado acreditada dicha condición por parte de la Sra. Morillas. No se ha aportado contrato, ni acreditación documental alguna de los que se desprenda la relación profesional con el periódico para el que, según expuso, presta sus servicios”.
A juicio de la Unió de Periodistes, esta sentencia “deja en evidencia, todavía más, la precariedad con la cual trabajan muchos periodistas”. “A todos los perjuicios que sufrimos los y las periodistas y fotoperiodistas (salarios bajos y flexibilización de las relaciones laborales, entre otros) ahora se suman la desprotección que avala esta sentencia”, sostienen, al tiempo que consideran que este pronunciamiento judicial “vulnera el derecho a informar de periodistas y fotoperiodistas”.
La Unió de Periodistes Valencians señala que el derecho a la información de la ciudadanía y de los profesionales de la información, que recoge el artículo 20 de la Constitución Española, “tiene que estar garantizado y respetado por los poderes públicos y nunca supeditado a relaciones laborales, sobre todo ante la precarización del periodismo”.