El 6 de febrero del 2009, a las 9 de la mañana, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encargados de la investigación del 'caso Gürtel' arrestaron a Francisco Correa. El dispositivo priorizaba la detención del cabecilla de la red para luego proceder a los registros de las sedes de la trama en Madrid y Valencia. Sin embargo, en una de las empresas, las trabajadoras avisaron de lo que estaba pasando a Pablo Crespo, quien a su vez ordenó telefónicamente a Cándido Herrero, contable de Orange Market en Valencia, que “adoptara medidas preventivas”. Los teléfonos estaban pinchados por la Policía: “Estábamos en directo escuchando la conversación y di la orden de que el equipo accediera al domicilio para evitar esa pérdida”, relató el inspector jefe Manuel Morocho durante su declaración como testigo perito en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional (AN).
Los agentes se toparon con un trabajador de la filial de la trama en Valencia “en la puerta sacando discos duros y soportes informáticos”. “De ellos se ha extraído gran parte de la información” que ha sustentado las pesquisas, apostilló Morocho.
La intervención de los teléfonos, ordenada por el entonces juez de la AN, Baltasar Garzón, se produjo en la fase final de la investigación. Y las conversaciones del aparato de Álvaro Pérez 'El Bigotes' fueron una mina para los agentes. “Era una persona muy locuaz que mantenía multitud de conversaciones diarias con mucha gente, con cargos de la Generalitat Valenciana, responsables políticos del partido [Popular] y empresarios”, afirmó el inspector.
Sin embargo, las conversaciones más relevantes, a efectos de la acusación, se produjeron con el entonces presidente autonómico Francisco Camps (unos audios que ya han pasado a la memoria oral colectiva de la corrupción en España). “El contenido de las mismas, literalmente, pone de manifiesto una interacción de proximidad y de familiaridad entre ambos”, explicó Morocho a preguntas de la fiscal anticorrupción.
El terminal del Bigotes echaba humo sin que los interlocutores del simpático personaje sospecharan que en los inconfesables diálogos figuraba un tercer participante que permanecía en silencio al otro lado del hilo telefónico: la UDEF. “Inicialmente, a raíz de que se interviene el teléfono de Álvaro Pérez, salen a la luz conversaciones con Camps, [el vicepresidente] Vicente Rambla, sus mujeres, Ricardo Costa, Pedro García [director de Canal 9], Yolanda [García, la tesorera del PP valenciano] y un conjunto de empresarios responsables de la financiación”, relató el responsable de la investigación.
El “jefe” era Camps, según El Bigotes
Aquel día, tras el registro de la sede de Orange Market, El Bigotes hizo tres llamadas telefónicas, también intervenidas por la Policía: a Pedro García; al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y al vicepresidente Vicente Rambla. Sollozando, pidió a sus interlocutores que avisaran al “jefe” de que todo iba bien. En realidad, todo iba tan mal que al día siguiente, al bautizo de su hija “de los ciento y pico invitados vinieron 20”, lamentó el acusado.
Durante su declaración en el juicio, Álvaro Pérez especificó que el “jefe” al que aludía por teléfono era Francisco Camps, para quien Anticorrupción solicita en esta causa una pena de dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública.