Detectives, monjas y fosas: un documental narra la lucha para encontrar a los bebés robados en el franquismo

Los trabajos de exhumación de la fosa 10 de la represión franquista del cementerio municipal de Alicante descubrieron una caja funeraria de 12 centímetros de alto que delataba la posible inhumación de un menor entre 1963 y 1964.

Sin embargo, en su interior no se encontraron restos óseos. La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, responsable la exhumación que lleva a cabo el equipo especializado Arqueoantro denunció la presunta inhumación simulada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, personándose para informar del hallazgo y solicitando la apertura de diligencias de investigación. El hallazgo, el pasado mes de marzo, es el último rastro en el territorio valenciano de un posible caso de bebés robados durante el franquismo.

La conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo presenta el documental 'Morir tranquil·la. Bebés i mares furtades a terres valencianes', producido por InfoTV y con guión y dirección del periodista Sergi Tarín. “Es un tema con muchas aristas y aspectos por cerrar”, explica a elDiario.es el autor del documental. “Es imposible localizar documentación, las familias sostienen, y nosotros asumimos esa tesis, que la documentación se hizo desaparecer a propósito”, apostilla Tarín.

Paco Alarcón, secretario de la Asociación Víctimas Niños Robados de Alicante, lamenta el “silencio y la ocultación de datos” en la búsqueda de los recién nacidos que fueron entregados irregularmente en adopciones. “Tenemos pruebas fehacientes de que ha habido falsificaciones de documentos”, asegura Alarcón, quien denuncia la falta de ayudas por parte de las administraciones públicas y privadas implicadas en la longeva trama de desapariciones.

Los callejones sin salida en la búsqueda de los bebés robados provocan un “estrés tremendo en las familias, mucho desgaste y discusiones entre familiares”. “Estas actitudes de los gobiernos rozan el maltrato, tal como ha denunciado Amnistía Internacional”, afirma Alarcón.

La mayoría de los casos reseñados provienen del Hospital General de Alicante. “No nos dan datos, dicen que no les constan y la búsqueda es por nuestros medios, estamos muy desamparados ante la justicia”, agrega. A las familias, cuenta el periodista Sergi Tarín, “se les inducía a enterrar a los bebés en fosas comunes y ahí se pierde el rastro porque muchas de esas fosas fueron vaciadas sin conocimiento de las familias y depositadas en osarios”. “Las familias están muy frustradas porque las fiscalías no han podido investigar ningún caso”, añade.

El documental narra dos casos especialmente llamativos. María José Picó, presidente de la Asociación Víctimas Niños Robados de Alicante consiguió exhumar la fosa común donde reposaba su supuesta hermana pero los restos óseos estaban en mal estado para extraer ADN y la Fiscalía archivó el caso. “Se archiva por falta de pruebas y es imposible para la familia cerrar el duelo”, explica el autor del documental.

El caso de Laura Perales, otro de los testimonios que aparecen en la obra, es un “rosario documental de incoherencias”, con hasta cinco causas distintas de la muerte de su supuesta hermana. Cuando encontraron la caja donde, teóricamente, reposaban los restos, “lo que aparece es el antebrazo de un adulto”. “Se puede determinar que el bebé fue robado pero hasta ahí se llega”, dice Tarín.

“Las familia denuncian que había una mafia”, agrega el periodista, “y yo creo que iba más allá, era un comportamiento asentado socialmente, una manera de actuar de monjas y ginecólogos”. Las tramas de robo de bebés se iniciaron en 1939, con la victoria del bando franquista en la Guerra Civil, y se alargó hasta bien entrada la democracia. “En los años del primer franquismo hay un concepto de castigo hacia las mujeres republicanas, el psiquiatra Vallejo Nájera teoriza sobre el gen rojo y sobre cómo se debía evitar que el gen creciera para higienizar la raza”, explica Tarín. 

Superada la primera etapa de la represión franquista, a partir de la década de 1960, “las víctimas ya no son las mujeres republicanas sino las madres pobres y humildes con las que se hace una política de higiene. Son madres a las que les pueden robar un hijo y dárselo a una muy rica”, con el consecuente beneficio económico. “Es una mezcla de desprecio y clasismo”, segura el documentalista.

Paco Alarcón, secretario de la Asociación Víctimas Niños Robados de Alicante, explica que el objetivo de los activistas se centra ahora en obtener el apoyo económico de las instituciones públicas para poder proceder a la exhumación de fosas, a imagen y semejanza de las políticas públicas de recuperación e identificación de los restos de las víctimas de la represión franquista de posguerra. La asociación ha reseñado casos desde finales de los años 50 hasta la década de 1970. “La solución es seguir el modelo de Argentina para encontrar a los hijos de los desaparecidos y que el Estado asuma la responsabilidad”, dice Alarcón. “Sospechamos que en España hay decenas de miles de bebés robados y de adopciones irregulares”, añade.

El activista señala también la responsabilidad de la Iglesia Católica: “Las monjas, en algunos casos, se llevaron todos los documentos pero cuando pedimos ayuda al Obispado de Alicante, porque a las madres les dijeron que el bebé fue bautizado antes de la muerte, nos responden que no consta o que hay lagunas de varios años”, asegura Alarcón.

El portavoz de la asociación alude también a un caso reciente de un hombre de Santa Pola (Alicante), adoptado irregularmente, que durante años buscó a su madre biológica. “Al ser adoptado tenía algunos datos, se sabía dónde dio a luz la madre y había que buscar en los archivos cuántas mujeres dieron a luz ese día y tirar del hilo”, cuenta Alarcón. “Contactamos con un detective y la encontramos”, agrega.

De hecho, el Colegio de Detectives de la Comunitat Valenciana “está dispuesto a colaborar en el momento que se pueda”, explica el activista. “El problema con los detectives es que no conocemos muchos que estén especializados en este tema y esto tiene un coste que no podemos asumir”, añade.

A falta de una sección del Ministerio Fiscal especializada en la trama y con la ley sobre los bebés robados bloqueada en el Congreso, los activistas inciden en la necesidad de crear un banco público de ADN de ámbito nacional para poder cruzar los datos genéticos. “Son tramas que han dado mucho dinero y que han contado con una impunidad total”, concluye Alarcón.