El prófugo uruguayo Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, coronel retirado y acusado por delitos de lesa humanidad por su supuesta participación en desapariciones y torturas durante la dictadura, ha acabado detenido la noche del pasado miércoles en la localidad castellonense de Peñíscola por agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. Acaba así una fuga de más de dos años que indignó a las organizaciones de derechos humanos uruguayas.
Ferro, de 73 años, está acusado de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, un delito de lesiones graves, cuatro delitos de privación de libertad, en concurrencia fuera de reiteración con dos delitos de abuso contra los detenidos y homicidio especialmente agravado, según Interpol. La operación se ha llevado a cabo de manera conjunta entre la Comisaría General de Información, la Brigada Provincial de Información de Castellón e Interpol-España.
El presunto genocida actúo en distintas dependencias de inteligencia militares durante la dictadura y participó, entre otros, en el secuestro en Brasil y el traslado clandestino a Uruguay de Lilián Celiberti, sus dos hijos pequeños y de Universindo Rodríguez. Ferro era el jefe del Batallón de Contrainteligencia Militar, integrado en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la dictadura uruguaya.
El militar, vinculado con el Plan Cóndor, la operativa transnacional de desaparición de opositores políticos que pusieron en marcha varias dictaduras del Cono Sur, fue juzgado en 1985 por el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tassino siete años antes. Gracias a la Ley de Caducidad, promovida por el Gobierno de Julio María Sanguinetti y que aseguraba la impunidad de los militares implicados en la brutal represión, se salvó del juicio aunque la causa se reabrió en 2011. Seis años más tarde no compareció ante la justicia uruguaya y huyó del país.
El 7 de septiembre del 2017, el coronel Ferro fue detenido en un hotel de Madrid por orden de la justicia uruguaya. Poco tiempo después, el 23 de noviembre, el coronel fue liberado a petición de la Fiscalía. Cuando la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó el auto de extradición el 9 de febrero del 2018, no había ni rastro del presunto genocida. La indignación de las asociaciones uruguayas en defensa de los derechos humanos fue mayúscula.
La jueza Silvia Urioste, titular del Juzgado de Primera Instancia 1 de lo Penal de Montevideo y encargada del caso, ordenó de nuevo su captura. El coronel, sobre el que pesaba una notificación roja de Interpol, ha estado dos años en busca y captura hasta su detención la noche del pasado miércoles por agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en una céntrica calle de Peñíscola, una localidad turística de la costa castellonense.
El militar, según ha publicado el diario uruguayo El Obervador, llamó a las autoridades que lo perseguían desde hace dos años para anunciar que se entregaba y fue detenido en el apartamento turístico en el que residía. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaròs, que ha decretado su ingreso en prisión en cumplimiento de la requisitoria de la Audiencia Nacional. Por fin, el presunto genocida podrá ser extraditado para responder ante la justicia uruguaya de los delitos de lesa humanidad que se le imputan.