El Comité de Ética derogado por el nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, ha presentado ante las Corts Valencianes un escrito demoledor en el que acusa al titular de la institución elegido con los votos de PP y Vox de eliminar el código ético del organismo cuatro días después de saber que había sido denunciado por “graves infracciones” del mismo. La presidenta del ya extinto Comité, la catedrática de Derecho Penal de la Universitat Jaume I de Castelló María Luisa Cuerda asegura en la misiva que se habría vulnerado el principio de confidencialidad del buzón de denuncias de asuntos internos al derivarlo a otro departamento general donde tienen acceso personas no autorizadas anteriormente. Es decir, se pondría en peligro al propio denunciante.
Cuerda explica que intentó reunirse con Beut de manera oficial en el mes de septiembre y que le urgió sobre la necesidad de la convocatoria del Comité de Ética porque había habido denuncias internas graves que había que abordar. Según la misma carta, el nuevo director de la Agencia Antifraude habría sido sabedor de la reunión del comité y de los expedientes internos y pese a ello habría aprobado unilateralmente la derogación del organismo fiscalizador. Así, añade Cuerda, si otras personas que no son del comité estuvieran accediendo a la información de los expedientes “se estarían vulnerando los derechos de los denunciantes”. Y lo que es peor, nadie podrá investigar estas denuncias internas, alguna de las cuales afectan directamente a los comportamientos éticos del director de Antifraude.
El Comité de Ética se creó en marzo de 2022 y estaba formado por cuatro miembros, todos ellos designados por un periodo de cuatro años y cuyo cese solo podía producirse por causas previstas en la normativa publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en ninguna de las cuales estaban incursos sus integrantes, que eran, como externos, la propia Cuerda, Manuel Villoria Mendieta (catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos), Antonio Penadés Chust (abogado, historiador y periodista) y la secretaria, una funcionaria de la Agencia Valenciana Antifraude elegida a través de un proceso de votación entre el personal de la entidad.
Sobre el Código Ético derogado, la expresidenta del comité externo que debía aplicarlo, aseguró que “recogía los valores de buen gobierno que deben informar toda la actuación de la Agencia y regulaba la imparcialidad, la confidencialidad y la conducta que necesariamente debe observar el personal, en especial en lo que respecta a posibles conflictos de interés”. Por su parte, el Comité de Ética “velaba por la adecuada aplicación del Código ético, promovía su difusión, informaba sobre dudas o consultas en supuestos de interpretación del mismo, atendía denuncias internas, ayudaba a solventar controversias y formulaba recomendaciones sobre los incumplimientos de dicho código”.
Graves conflictos de intereses
Y es en ese sentido de posibles conflictos de intereses por donde podrían ir algunas de las tres denuncias que se habrían presentado contra Beut. Y no es cosa menor, a tenor del currículum profesional del actual director de Antifraude. Beut fue designado por el PP en 2002 consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales donde se ponía orden a las inversiones en empresas privadas de las dos cajas. Esta sociedad participada al 50% por Bancaja y la CAM, no acabó de funcionar y fue disuelta en 2005. Un año después de dejar la entidad con las dos cajas de ahorro posteriormente disueltas también por la mala gestión, en 2006, Beut fue fichado por la patronal de los constructores Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración). Primero fue nombrado gerente y luego secretario general hasta 2011, cuando fue nombrado presidente. Estuvo en este puesto hasta 2012.
¿Qué pasará cuando Beut tenga que abordar denuncias contra empresas contratistas de la administración y que sean socias de Fecoval? ¿Qué pasa con las periciales del caso Azud que habrá que ratificar en el juzgado y que afectan a contratistas de la administración? ¿El actual director se tendrá que abstener? ¿Al no haber Código Ético en vigor, podrían evitarse los conflictos de intereses?