“Lo voy a repetir por enésima vez. El documento que hemos mandado al Consejo de Estado es el que fue respaldado mayoritariamente por el Consejo Nacional del Agua y aquí cada comunidad autónoma, cada sector, ha tenido ocasión durante tres años de aportar sus ideas”.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se pronunció así este jueves en declaraciones a la prensa tras participar en un debate organizado por el Club Diálogos para la Democracia, tras ser cuestionada por las declaraciones tanto del presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, como de su consellera de Agricultura, Isaura Navarro, en las que denunciaron que el borrador del real decreto acordado en el Consejo Nacional del Agua se modificó posteriormente antes de su remisión al Consejo de Estado, organismo que deberá contestar la semana que viene a las diferentes alegaciones presentadas, entre ellas las de la Generalitat Valenciana.
Las afirmaciones de Ribera, sin embargo, no se sostienen si se comparan ambos documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es (completos al final de la información), es decir, el aprobado en el Consejo Nacional del Agua (borrador 20) con fecha 18 de noviembre, y el que se elevó al Consejo de Estado (borrador 22), con fecha 27 de diciembre.
El documento incluye un caudal ecológico (caudal mínimo para poder trasvasar agua) de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, de 8 metros cúbicos en 2026 y de 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027, unos escalones a los que no se opone el ejecutivo valenciano, consciente de que hay una obligación legal de fijarlos. El conflicto surge por la manera y los criterios a la hora de aplicarlos, lo que viene reflejado en la disposición adicional novena, que es la que ha sido objeto de modificación.
Según dice textualmente el punto 3 del borrador aprobado el 18 de noviembre, “antes de proceder para los años 2026 y 2027 a la aplicación de los caudales ecológicos mínimos fijados en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las masas de agua superficial comprendidas entre los embalses de Bolarque y Valdecañas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico evaluará, teniendo en cuenta los resultados del 'Programa especial de seguimiento', si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua, en cuyo caso no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026 para los caudales mínimos en vigor desde la aprobación del plan”.
Además, añade que “esta evaluación se someterá a informe del Consejo Nacional del Agua y, en los términos que resulten procedentes en función del interés general, se incorporará en el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo mediante su actualización antes del plazo que se prevé y conforme con lo que se establece en la disposición adicional tercera de este real decreto”.
El objetivo de este punto es condicionar el aumento del caudal ecológico, que de aplicarse en el año 2027 supondría la llegada de la mitad de agua vía trasvase a Alicante, al estado de la masa de agua del Tajo, puesto que de mejorar su calidad con las inversiones de depuración que se implantarán en Madrid, no se considera necesario ampliar ese caudal que tiene por objetivo diluir los residuos que acaban en el río.
La versión elevada al Consejo de Estado del 27 de diciembre, sin embargo, elimina en su punto 1 la posibilidad de dejar sin aplicación los siguientes escalones del caudal ecológico previstos para los años 2026 y 2027 si el estado de las aguas es bueno: “Con el fin de velar por el cumplimiento de los objetivos ambientales en las masas de agua superficial comprendidas entre la presa de Bolarque y la cola del embalse de Valdecañas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico evaluará anualmente, a partir del 1 de enero de 2025, los resultados del 'Programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura', al que se refiere el apartado segundo. Esta evaluación se someterá a informe del Consejo Nacional del Agua y se hará pública. En su caso, los resultados del 'Programa especial de seguimiento' se tendrán en consideración en el cuarto ciclo de planificación”.
Como afirmó este miércoles la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, “el Gobierno valenciano no está contra el establecimiento del caudal ecológico, sino al contrario, lo que queremos es que el caudal ecológico esté determinado de acuerdo a la realidad del río. Lo que no tiene sentido es hacer unas inversiones para mejorar la situación del río y que después sí o sí el caudal se suba. Lo que queremos es que se determine cada año según el estado del río si el caudal se ha de subir”.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, insistió este jueves en que el Gobierno central cambió el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional del Agua respecto al Plan del Tajo, un hecho que es “incontrovertible”, es decir, que no tiene discusión, según Puig, que se ha distanciado así de la ministra la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
“Ha habido un cambio por parte del Gobierno -central-, que tiene su derecho a cambiar, pero nosotros también a discrepar”, dijo al respecto Puig en declaraciones a periodistas en Orihuela (Alicante), una de las localidades alicantinas más afectadas por el recorte del trasvase Tajo-Segura.
“El Ministerio planteó un documento en el que estamos de acuerdo, que dice que se actualizará en el año 2025 en función de cómo esté el Tajo en ese momento”, ha sostenido el presidente valenciano, que ha defendido que “nadie está más interesado” por que el Tajo tenga un buen caudal y que se invierta en él que la Comunitat Valenciana.
No obstante, Puig instó a “trabajar para solucionar” este problema, porque “hay que reivindicar, pero el grito por sí mismo no es suficiente”, en referencia a la manifestación de este miércoles ante el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (Miteco). Así, ha pedido llegar a un punto “de encuentro” para buscar soluciones y garantizar “el agua para siempre”.