La plataforma Acció Ecologista-Agró critica la ley de costas que tramita el Gobierno de Carlos Mazón y alerta sobre la destrucción de las playas valencianas. Los ecologistas han emitido un comunicado en el que cuestionan la protección que plantea la norma de ordenación de la costa valenciana, y consideran que requiere “de una profunda reflexión pública” y no debería pasar los controles mínimos de los letrados del Parlamento valenciano. “Es una ley que degrada y retrocede alarmantemente la protección de la costa valenciana. Es una ley que nos lleva a la deriva del cambio climático, a través de la ignorancia y la máxima expresión de la estupidez humana”, denuncian los ecologistas tras su análisis.
La asociación insiste en el estado de emergencia climática y los dos principios fundamentales para la protección del planeta: la precaución y la no regresión de actuaciones protectoras del medio ambiente. “Bajo el pretexto del cuidado del litoral con el que se justifica el autor, se oculta la intención populista de favorecer la privatización del Dominio Público Marítimo Terrestre”, indica la plataforma, que señala que la ley contiene un artículo “en el que se obliga al poder público autonómico a iniciar expedientes de desafectación ante el Estado, en zonas ocupadas por núcleos urbanos con valores etnológicos y culturales”.
En concreto, el texto cuestionado dice que “Cuando estos núcleos se encuentren en el dominio público marítimo-terrestre, la conselleria competente en materia de ordenación del litoral llevará a cabo los estudios pertinentes a fin de determinar si dichos bienes conservan o no las características propias de los bienes integrantes de dicho demanio; y en caso de que no fuera así, la Generalitat valenciana instará al Estado su desafectación, conforme a lo previsto en el art. 4-5 de la Ley de costas.”
Esta ley, apuntan en su análisis, crea un nuevo concepto: los núcleos urbanos de especial valor etnológico, “que se redondea con la facultad discrecional de su determinación. Es decir, las desafectaciones irán marcadas por el ritmo de calado del discurso político negacionista del cambio climático”, sostienen. La plataforma considera que el negacionismo está presente en el borrador del texto legislativo, que alude a los riesgos de la costa esquivando las referencias al cambio climático. “Las pocas veces en las que el legislador se ve obligado a hacer mención expresa del cambio climático, no emplea la terminología internacionalmente establecida, sino palabras genéricas, máxime cuando intenta evitar el concepto ”adaptación“, siendo este un intento más de desmentir y burlar la situación de emergencia climática en que nos encontramos y la necesidad de una actuación integrada que pretenda favorecer la adaptación a los impactos derivados del cambio climático”, denuncian.
A juicio de la plataforma, la modificación legislativa de PP y Vox pretende amparar un “ladrillazo a pie de playa”. A efectos legales, según el borrador, el litoral valenciano abarca la franja de anchura variable, que va desde la primera línea de tierra no bañada por el mar y oscilará entre 500 y 2000 metros, medidos en proyección horizontal. Esta interpretación, indican, “resulta incompatible de conciliar con el dominio marítimo terrestre, definido en la Constitución Española (art. 132) y concretado en la Ley de Costas estatal (art. 3) sobre la base de un serio conocimiento científico”. Además, resulta “contraria a la elaboración y puesta en marcha de estrategias para garantizar el control de la urbanización adicional, tal como recoge la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022, sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa”. Bajo este paraguas, “se pretende dar vía libre en suelos clasificados como no urbanizables a nuevos usos residenciales a partir de los primeros 500 m de la costa, establecimientos hoteleros a partir de los 200 m y edificaciones destinadas a servicios a partir de los 100 m”.
Las nuevas calificaciones y definiciones se justifican en el impacto económico sobre el turismo como criterio general de planificación, algo que “pervirte el uso que se hace del derecho a la vivienda, no solo para justificar el boom urbanístico que se está orquestando en el litoral sino también a fin de perpetuar las construcciones existentes en primera línea de playa”. Así lo deducen de una de las disposiciones adicionales, la quinta, que apunta: “El suelo recibido por este concepto [bolsas de suelo] será ofrecido por la Generalitat, exclusivamente, a los ocupantes de inmuebles que dispongan o hubieran dispuesto de título legítimo titulares de derechos de concesión de inmuebles ubicados en el dominio público marítimo-terrestre, a fin de que puedan obtener análogo aprovechamiento que correspondía a los terrenos afectados por el deslinde.”
Acció Ecologista-Agró ha presentado una veintena de alegaciones borrador de la ley que tramita la Conselleria de Salomé Pradas y que puede toparse con un conflicto competencial como su homóloga gallega, recurrida por el Gobierno. “La intencionalidad política no es el bien común sino ese bien que comparten unos pocos, que disfrutan de edificaciones ilegales a primera línea de playa”, concluyen.