El cooperativismo como acción de resistencia frente al capitalismo salvaje. Es la filosofía que subyace a Rodant, la cooperativa impulsada por los riders valencianos para ofrecer un servicio de mensajería alternativo al de las grandes plataformas. El problema de la llamada uberización de la economía no es compartir objetos o servicios, es el salario que se pierde por el camino. Y como el problema de los riders no son los riders, un grupo de exrepartidores de Deliveroo, Glovo y UberEats han impulsado su cooperativa para demostrar que existe alternativa ética en este servicio.
Rodant comenzará a funcionar a mediados de febrero, una vez los socios reciban el material de trabajo retrasado por la pandemia. Carlos Iglesias, José Forés, Ulises Benito y Vicent Chanzá consiguieron en enero superar los 9.000 euros de micromecenazgo necesarios para impulsar su plataforma, que estará operativa en la red de la app Coopcycle y no necesitarán recurrir a entidades financieras para sufragar su proyecto, aunque negocian con otros socios un posible apoyo económico. Carlos y José impulsaron la plataforma Riders por Derechos en Valencia, el principal caballo de batalla de las plataformas, que ya acumulan una serie de resoluciones en la inspección de trabajo y los tribunales.
Para Forés, el cooperativismo es también una opción política, una alternativa a las prácticas de las plataformas que conoce bien. “Vamos a ser los educadores de los clientes. Hay que decir que esto es lo que hay, que si pides en ciertas plataformas formas parte de la miseria del país. Aquí muere un chico y no hay un solo responsable”, expresa en referencia al accidente de un repartidor que falleció en Barcelona mientras trabajaba. “Esto es solo un eslabón más de la precariedad del país y queremos cambiarlo. Quien quiera vivir en un país mejor, que contacte con nosotros. El que no, que se vaya con empresas que tributan fuera de España”, afirma contundentemente.
Rodant plantea una forma de consumo ético en la que los riders, como socios cooperativistas, tienen un salario establecido, un horario de trabajo y reparten los beneficios a partes iguales. A los restaurantes les ofrece establecer los precios que consideren -al contrario que las plataformas, según las denuncias de los hosteleros-, y el servicio a domicilio se paga como un extra, como parte de esa “educación” al consumidor: Cuando algo es gratis, hay alguien que lo está pagando con su tiempo y su trabajo. “El restaurante es libre de poner el precio que quiera. Quien tiene que pagar el producto es quien lo está comprando. Las apps han acostumbrado mal al cliente, le han hecho creer que es un servicio low cost. Las plataformas se quedan el 40% del pedido, juegan a reventar los precios y es a costa de condiciones abusivas para los restaurantes y para los riders para que te cueste 1euro que te lo traiga”, denuncia el repartidor.
“No te puede costar lo mismo un producto si te lo envían a casa”, incide Forés, que valora la buena acogida que está teniendo el proyecto entre los restaurantes. De momento, el área de reparto se circunscribe a 3,5 kilómetros de los restaurantes y se centrará en Valencia. No obstante, habrá zonas de reparto de alimentación que incluyan municipios colindantes como Mislata, Alfafar o Alboraia. Para los servicios de reparto de paquetería la flexibilidad será mayor.
Los cooperativistas hacen un llamamiento al Ministerio de Trabajo contra la llamada “ley rider”, que creen que solo servirá para continuar con la precariedad. En su opinión, con dotar de medios a la legislación actual sería suficiente para frenar las “trampas” de las plataformas. “Necesitamos inspectores. Es un retroceso en derechos laborales. Ellos -las plataformas como Glovo, Deliveroo y Ubereats- saben que el modelo de falso autónomo se va a terminar. Quieren continuar sin repartidores, con modelo Just Eat, que contrata a empresas que subcontratan a los trabajadores. Es lo que se viene con la ley rider, en lugar de cumplir con el Estatuto de los trabajadores”, denuncia.
Forés y sus compañeros hacen un llamamiento a los trabajadores para unirse en cooperativas y hacer frente a las grandes empresas. “Hay que obligarles a poner los precios que hay que poner y pagar lo que hay que pagar. Hay que hacer público el algoritmo” que castiga a los repartidores de forma “discriminatoria”, sostiene. Las plataformas de riders han denunciado reiteradamente que el algoritmo de la app les penaliza si rechazan un pedido y que decenas de trabajadores subcontratan las cuentas porque están en situación irregular y es su única forma de conseguir ingresos. La idea de la cooperativa nació de la batalla legal contra las grandes empresas y creció con la crisis sanitaria en la que, al no tener relación laboral reconocida por las empresas, tampoco tenían protección. “Tuvo que llegar la pandemia y vimos que era el momento de mover ficha, de decir que hasta aquí hemos llegado”.