La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ultima un protocolo ante las agresiones a docentes en el ejercicio de su función e incorporará formación en la prevención y cuidado de la salud mental.
El conseller José Antonio Rovira ha explicado que la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, la Dirección General de Personal Docente y la Dirección General de Función Pública han dado luz verde al borrador de resolución “en el que se establece el protocolo de apoyo, asesoramiento y acompañamiento al personal de los centros educativos ante agresiones producidas en el ejercicio de sus funciones”.
Rovira ha recordado que, desde el mes de diciembre, la Conselleria está trabajando en la actualización del decreto 195/2022, que regula la convivencia en el sistema educativo. “Y se trabaja en diferentes frentes, como la regulación del uso de los móviles, las agresiones entre alumnado y las agresiones a docentes”.
El titular de Educación detalla que en el protocolo se incluye al personal docente y no docente que ejerce sus funciones en los centros educativos.
“El pasado 22 de marzo, en una reunión entre la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa y la Dirección General de Personal Docente, se concretaron y definieron los procedimientos pendientes. Se está dando prioridad a esta cuestión para publicar la Resolución en la que se contempla un protocolo específico que recoja la singularidad, atención, acompañamiento y seguimiento de todos los casos de agresión al personal de los centros educativos”, ha señalado.
El conseller ha reprochado que el anterior Gobierno valenciano hizo una resolución “que nunca se hizo efectiva, por lo que nunca se llegó a aplicar” y ha añadido que dar cobertura al profesorado “es una prioridad para la Conselleria”.
Así, ha recalcado que, además del protocolo ante las agresiones, se ha decidido trabajar en la formación sobre salud mental para su cuidado y prevención con sesiones en los meses de abril, mayo, junio y julio.
“Se está trabajando en un Plan de Salud Mental que entrará en funcionamiento el próximo curso. Era un compromiso del president Mazón que se desarrolla conjuntamente por parte de tres conselleries: Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Con este plan, a partir del próximo curso cada área de salud dispondrá de un psicólogo clínico que atenderá los centros educativos”, ha concluido.
Concentración en Conselleria
Representantes de sindicatos docentes y de las asociaciones de madres y padres de alumnos reclaman a la Conselleria de Educación la publicación del protocolo --“ya negociado”, recalcan-- frente a las agresiones en los centros educativos. Aseguran que el problema “viene de lejos”, pero se ha agravado a partir de la pandemia de Covid.
Así se ha puesto de relieve en la concentración que se ha llevado a cabo este martes a las puertas de la sede de la Conselleria en València con la participación de miembros de entidades que integran la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic.
Desde el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), Marc Candela, ha manifestado que la acción se lleva a cabo para instar a la administración a adoptar “medidas urgentes para prevenir y solucionar posibles casos de violencia”.
“Y a partir de ahí- ha apuntado en declaraciones a los medios-- trasladar el mensaje a todos los centros educativos y, especialmente al personal agredido, de que estamos trabajando desde la comunidad educativa para presionar a la administración para que tome esas mesuras”.
Este portavoz ha hecho notar que “especialmente después de la pandemia ha habido como un incremento de la disrupción del alumnado y de mal comportamiento respecto al profesorado”.
Candela --que ha precisado que esta es una minoría de estudiantes-- ha subrayado la necesidad de implementar programas de atención a este alumnado y de hacerlo cuanto antes, “incluso desde Infantil”, con el objetivo de “detectar los problemas y que no lleguen a la adolescencia con estos comportamientos”.
El integrante de STEPV ha señalado que gracias a esta convocatoria la Conselleria “ya está moviendo ficha” y ha expresado su esperanza de que publique “próximamente” el protocolo de actuación. Candela ha avanzado que dicho documento brinda “una guía para que el personal implicado en cualquier tipo de agresión sepa cómo debe actuar”. También el equipo directivo y la propia administración.
El delegado sindical de UGT Ensenyament PV Xavi Angulo ha aseverado que “el profesorado está muy preocupado por el incremento de las agresiones y también los ataques a la convivencia en los centros”.
Por ello, ha demandado que “aumenten los recursos por parte de la Conselleria inmediatamente” y que se atiendan cuestiones como la cobertura legal o el refuerzo de los departamentos de orientación.
“Es fundamental que haya un cuerpo de personal de educación social, es fundamental que la Conselleria incluya un cuerpo de educadores sociales para hacer frente a la prevención, también a la detección y, sobre todo, a la intervención para evitar la violencia y las agresiones en las aulas, dentro y fuera”, ha insistido.
“Ola creciente”
También desde CCOO se suman a las reivindicaciones. Francesc Cayo, responsable de Acción Sindical de la provincia de Valencia, ha advertido de una “ola creciente de agresiones al profesorado y un incremento de la violencia, no solo contra el profesorado, sino también contra el alumnado y eso es fruto posiblemente de un empeoramiento de la salud mental”.
“Lo que estamos exigiendo en esta concentración --ha continuado-- es que la Conselleria aplique las condiciones necesarias en los centros educativos para frenar este incremento de la violencia”.
El presidente de la Federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la provincia de Valencia (Fampa-València), Rubén Pacheco, ha hecho un llamamiento para que la administración “se tome en serio las agresiones” en educación y ponga en marcha los protocolos. “Vamos muy lento”, ha lamentado.
A su parecer, “es necesario que estas cuestiones que ya se han trabajado en los mesas se pongan en común, se acaben de trabajar y se hagan públicas de una vez”.
Igualmente, es “imprescindible que el centro educativo sepa cómo ha de reaccionar en estas situaciones y que todo el personal que pueda estar implicado tenga una guía con la que poder trabajar desde el inicio, desde cualquier percepción de que puede haber cualquier comportamiento disruptivo hasta su desarrollo final, en caso de que sea necesario”.
“Viene de lejos”
Pacheco señala que esta situación “viene siendo común” y se remonta a tiempo atrás. “Viene de lejos y, evidentemente, el tema de la salud mental se ha agravado durante el periodo de la pandemia y ha nos ha puesto el ojo sobre estos problemas de una manera más fuerte”.
“Es evidente que es necesario que la administración pública ponga recursos a los centros educativos para que realmente estos casos se puedan atender desde la primera percepción”, ha finalizado.