Cuarta sesión del juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' relativa a la presunta caja B del PP de Rita Barberá en las campañas electorales de 2007 y 2011. Los testigos propuestos por la Fiscalía Anticorrupción siguieron su desfile ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València. El primero, el empresario José Luis Suñer, confirmó que los encargos para la campaña se los hizo la acusada María del Carmen García Fuster, entonces secretaria del grupo municipal popular. El testigo aseguró que la acusada “pagaba en efectivo” los encargos en materia de publicidad para las campañas electorales de Barberá. Los pagos se produjeron en el despacho de García Fuster, según su versión. “No solicitaban factura”, dijo en referencia al PP de València a preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado.
El letrado de la aludida, José María Corbín (cuñado de Rita Barberá), intentó pillar con el pie cambiado al testigo a cuenta del hecho de que en 2007 liquidó su empresa. El hombre explicó que “trabajaba a nivel personal” (como autónomo). También dijo, en relación al hecho de que no se facturaran los trabajos para la campaña electoral, que era como se lo solicitaban. “A mi me pedían que lo hiciera así y así lo hacía”, resumió el testigo. José Luis Suñer cobró “en efectivo”, detalló ante el tribunal.
El segundo testigo, el fotógrafo Marcos Petronio Soria, explicó que trabajó en “varias campañas” a petición de la jefa de prensa del PP. Tras una colaboración en un acto celebrado en el Palau de la Música, el profesional hizo una factura y acudió a la sede del PP de València para cobrar su remuneración. Sin embargo, una “señorita” de la sede le pagó con dinero en efectivo de una “cajita” de caudales. Era, según aseguró en el juicio, una suerte de “cajita de juguete”. “La factura la rompes”, declaró que le dijeron en la sede. También fue contratado a través del entramado empresarial de Laterne, usado en 2007 por el PP para la financiación en B de sus gastos electorales.
Las sucintas declaraciones de estos dos testigos confirman la tesis expuesta por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la primera sesión del juicio, según la cual el PP de Rita Barberá llegó a manejar hasta dos millones de euros en una campaña electoral. Una cifra total muy difícil de cuantificar con exactitud, explicó uno de los agentes, pero que en todo caso superó ampliamente el techo de gasto electoral de 150.000 euros que marcaba la normativa electoral.
Otros testigos prestaron declaraciones de menor calado a efectos de apuntalar las tesis de las acusaciones. Jorge de Andrés, un técnico audiovisual que trabajó para la campaña popular de 2011 a través del grupo Trasgos, aseguró a preguntas del Ministerio Público que la factura de 11.000 euros que consta en la causa correspondía a los trabajos que cobraban mensualmente a la firma de comunicación como empresa colaboradora. El hombre explicó que se incluían varios trabajos (no sólo los de la campaña del PP) en la misma factura. Sin embargo, cuando declaró ante la UCO “ya habían pasado los cinco años” y no tenían “físicamente el papel”.
Por otra parte, también declaró como testigo Jorge Torres, técnico de sonido de las mascletás falleras del Ayuntamiento de València. La empresa de la que es gerente prestó servicios para Trasgos en el marco de la campaña del PP de València de 2011 para un acto en las pedanías de la ciudad. “Cuando Rita venía a dar su charla, montábamos cuatro altavoces y un atril”, declaró ante el tribunal, aunque matizó que se trataba de “cuatro altavoces y cuatro tonterías”. “Al día siguiente, otro evento”, apostilló.
Media decena de testigos desfilaron adicionalmente ante el tribunal sin que su testimonio aportara demasiados datos relevantes para la vista oral. De hecho, uno de los testigos explicó que su testifical en el 'caso Taula' se debió a un “grave error” y rebajó su participación en los hechos a haber sido socio minoritario en una empresa encargada de diseñar páginas webs.
Por otro lado, Helena Beunza, exalto cargo de la Generalitat Valenciana durante el Pacte del Botànic y del Ejecutivo de Pedro Sánchez, declaró en relación a la facturación de una filial de Laterne con el Instituto Valenciano de la Vivienda. El departamento autonómico aseguró que la factura fue validada por un gerente anterior sin autorización del técnico competente. La testigo, sin embargo, no aportó nada durante su declaración, alegando que desconocía la normativa de la época así como los precios de la publicidad.
Nuevo testigo sobre la retractación de Gordillo
La sesión de este lunes arrancó con la petición del fiscal anticorrupción, finalmente aceptada por el tribunal, para que declare el director de un medio de comunicación que recibió documentación sensible para la causa de manos de Jesús Gordillo, testigo clave que se retractó en la segunda sesión del juicio. La nueva versión de Gordillo hizo aguas por todas partes con inverosimilitudes evidentes.
“Podemos acreditar ante el tribunal que no es cierto lo que declaró [Gordillo]”, aseguró el fiscal. A pesar de la oposición de tres letrados de las defensas —Corbín no se opuso y dejó la decisión “a criterio de la sala”—, el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València aceptó la declaración de Javier Alfonso, director de Valencia Plaza, como “elemento de pertinencia y utilidad de la prueba”.
Y es que el testimonio de Jesús Gordillo era uno de los puntos clave en la pieza A del 'caso Taula'. Más allá de la posible deducción de falso testimonio (un delito con penas de entre seis meses y dos años de prisión difícil de probar), el presidente del tribunal consideró que el nuevo testigo “puede aportar claridad” para “tener más elementos de juicio” en la valoración de la prueba de cara a la sentencia.