Comunicacions dels Ports SA --empresa administrada por Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig-- defiende “la legalidad de sus actuaciones” y subraya que las alegaciones “aclaran sobradamente las dudas sobre la tramitación de las ayudas al valenciano”.
La empresa audiovisual manifiesta, en un comunicado, que “todas sus actuaciones en el marco de las subvenciones para fomento del valenciano en los medios de comunicación que desde principios de 2015 y hasta la actualidad han recibido también cientos de medios informativos en los diferentes soportes por parte de la Generalitat Valenciana han estado marcadas siempre por la más absoluta legalidad y el más escrupuloso cumplimiento de la normativa que rige estas ayudas”.
Lo hace después de que se haya conocido que la Fiscalía Anticorrupción solicita al juzgado el procesamiento de Francis Puig y de Juan Enrique Adell Bovell por la presunta comisión de los delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación.
La entidad afirma que las alegaciones que presentó tanto al primero como al segundo informe de la Guardia Civil --“ninguno de ellos concluyente”, incide--, en las diligencias previas a raíz de la querella política presentada en su día por el PP, aclaran sobradamente las dudas sobre la tramitación y justificación de estas ayudas, más allá de posibles errores materiales o humanos que, tal como se reconocía en el primer informe de la Guardia Civil, han podido deslizarse, atendiendo a la voluminosa documentación aportada y que avala holgadamente la recepción de las ayudas.
Comunicacions dels Ports recuerda que es “un pequeño grupo de comunicación que, desde hace 36 años, tras su puesta en marcha en 1988, con extraordinario esfuerzo y sacrificio de muchísimas personas y con el apoyo de más de un centenar de socios, ha mantenido y dado vida a un espacio comunicativo único, propio, plural e íntegramente en valenciano en una zona del interior de la Castellón afectada por la despoblación”.
“Persecución destructiva”
Por ello, lamenta lo que considera una “persecución destructiva practicada por el Partido Popular con el único afán de obtener tajada electoral y a costa de perder jirones de credibilidad en la comarca de Els Ports y en Morella”.
La firma resalta que en las diligencias previas abiertas desde 2019, hace ya cinco años, “como consecuencia de la querella política del PP, ya se han demostrado falsas todas las acusaciones que hizo este partido, como el fraude en subvenciones, la malversación, la prevaricación”, el tráfico de influencias y contra la hacienda pública, y augura que las que han surgido ahora tras el escrito de alegaciones presentado por la Fiscalía al mencionado informe de la Guardia Civil “se desmontarán también”.
Entre otras cuestiones, Comunicacions hace hincapié en que, tal como se explica en su escrito de alegaciones que ha presentado al juez y que estaba a disposición de todas las partes, “la imposibilidad de compensar determinados gastos con otros medios de comunicación se fijó en casación por el Supremo (ante los diferentes criterios de las audiencias provinciales) años después a los gastos concretos analizados, por lo que en esos años era perfectamente legal y, en todo caso, de ningún modo podría justificarse una acusación de falsedad alguna teniendo en cuenta las discrepancias existentes”.
La firma se muestra convencida de que, “una vez se analicen estas alegaciones, quedará perfectamente aclarado este y otros extremos”.
Asimismo, Comunicacions indica que su filial Mas Mut Produccions, encargada de los contenidos en web, “acaba de cumplir 20 años desde su creación, por lo que no puede ser una entidad instrumental y ficticia para unas ayudas reguladas muchos años después, en 2015 y aún en la etapa del PP en el Consell, al tiempo que subraya que, si se siguieran determinados criterios, no se explicaría la naturaleza y funcionamiento de la infinidad de empresas que cuentan con matrices y diversas filiales para diferentes divisiones de negocio”.
“Consideraciones similares, todas ellas perfectamente desarrolladas en el escrito de alegaciones, se refieren a la diferenciación entre la sede de una empresa y los diferentes centros de trabajo que ésta puede tener y que pueden ubicarse en cualquier provincia, como hay multitud de ejemplos entre los medios de comunicación y en el conjunto de las empresas. En el caso de las ayudas para medios digitales, existen empresas receptoras de estas subvenciones con sede en otras comunidades autónomas”, añade.
Sedes
Por otra parte, mantiene que “todas las sedes de las firmas del grupo que, a lo largo de estos años han podido cambiar, han estado dadas de alta y registradas como tales, sin que el hecho de que se trate, en algún caso, de una vivienda particular constituya anomalía alguna”.
Por último, la empresa enfatiza que la Intervención de la Generalitat de Catalunya “ya dejó claro que no veía irregularidad alguna y que no consideraba que se le hubiera causado perjuicio alguno, al tiempo que dejaba claro que los criterios que se siguen en esa comunidad para la justificación de las ayudas son diferentes a los de la Generalitat Valenciana, de forma que los gastos cuestionados no pueden afectan en modo alguno a ese territorio”.