El empresario Federico Ferrando, arrestado en el marco de la operación policial del 'caso Azud', fue uno de los afortunados que lograron hacerse con el pastel de la ITV, la primera gran privatización pilotada por el expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y que se encuentra en el origen del 'caso Erial'. La inmobiliaria Gefesa Valencia SL, de la que Ferrando es socio fundador, fue la adjudicataria del lote 5 del servicio de las ITV, correspondiente a la zona de Alicante, Elche y Benidorm. La UTE estaba formada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Gefesa Valencia SL, Pavasal Empresa Constructora SA, Mayve Obra Civil Benidorm SA, Supervisión y Control SA.
El hermano de Federico Ferrando llegó a presidir Cierval en 1997 y fue uno de los mayores aliados de Eduardo Zaplana. De hecho, el expresidente presionó para dinamitar a su antecesor en la patronal autonómica José María Jiménez de Laiglesia. Con intereses en el PAI del Grau de Valencia, a Ferrando se le atribuye el supuesto pago de sobornos en el marco del 'caso Azud'.
El contrato, por 7,7 millones de euros, fue firmado por Sergi Pastor Colldeforns en representación de la UTE. Este empresario fue condenado a cinco meses de cárcel y una multa de 55.000 euros en el 'caso ITV' junto con Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresident de la Generalitat de Catalunya. Pastor, bajo el liderazgo de Oriol Pujol, creó la sociedad Upprime para que se viera favorecida en el reparto de lotes de ITV, aunque sus planes se truncaron y no se consumaron al saber a través de los medios que estaban siendo investigados, según los hechos probados de la sentencia.
La adjudicación de las ITV, acto fundacional de la trama que se investiga en el marco del 'caso Erial', siempre ha estado bajo sospecha. Sedesa, la empresa familiar de la familia Cotino, ganó 43 millones de euros cuando revendió la concesión (de 25 años, prorrogables a 75) de uno de los lotes. Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude incorporado en el sumario del 'caso Erial' cuestiona el proceso de adjudicación.
De hecho, Compromís ha pedido la recuperación de la gestión pública de las ITV valencianas, cuya concesión acaba en 2022. Fran Ferri, el portavoz de la formación en las Corts Valencianes ya alertó, a raíz de las revelaciones del 'caso Erial' de la importancia del pelotazo. “El PP convirtió la privatización de las ITV en una gran trama de corrupción. Primero las regaló a sus amigos, luego dobló las tarifas y finalmente se repartieron las mordidas. Millones y millones de euros que hemos pagado los valencianos con las tarifas más altas del estado”, dijo Ferri.
Federico Ferrando, uno de los afortunados del lote 5 de las ITV, fue detenido en la segunda fase del 'caso Azud'. Los agentes de la Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados de las pesquisas, han trazado los vínculos profesionales entre Ferrando y el empresario detenido Jaime María Febrer y les atribuyen a ambos el supuesto pago de sobornos en operaciones urbanísticas. La causa, abierta por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, todavía permanece secreta.