La Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), reunida este miércoles, ha defendido que es “imprescindible volver de forma urgente a la actividad económica” porque la paralización decretada a consecuencia del coronavirus está afectando “muy seriamente a decenas de miles de empresas y trabajadores” y para evitar que el impacto en el empleo y el estado del bienestar sea “drámatico”.
AVE es el lobby grandes empresarios valencianos presidido por el naviero y expresidente del Real Madrid, Vicente Boluda, y entre cuyos miembros más destacados de la Junta Directiva está Juan Roig (Mercadona), Aldolfo Utor (Baleària), Agnés Noguera (Lbertas 7), Federico Félix (Helados Estiu), Federico Michavila (Torrecid) o Araceli Císcar (Dacsa).
“Somos millones de ciudadanos, autónomos, trabajadores y empresarios, los que ya estamos trabajando y haciendo que la rueda de la economía gire, pero aún hay muchos que quieren ayudar a levantar el país, y se les debe permitir, porque no quieren ser responsables del desastre económico que se va a generar”, advierte la asociación en un comunicado, en el que recalca que el empresariado no puede ser considerado “el enemigo”.
AVE insta a los gobiernos autonómicos a pedir al Ejecutivo central, “con valentía y determinación, la reapertura de comercios, bares, restaurantes, hoteles, empresas y actividades, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y salud necesarias”, a las que los empresarios se “comprometen” a adoptar.
Según incide la organización empresarial, “los españoles no queremos ser meros espectadores, sino que queremos contribuir con nuestro trabajo, esfuerzo y talento a sacar al país adelante” y avisa de que la paralización económica “está afectando muy seriamente a decenas de miles de empresas y trabajadores a los que, si se les sigue impidiendo volver a su actividad tendrán que cerrar, con efectos desastrosos en el empleo en nuestro país”.
“O volvemos de forma inmediata a reabrir todos los comercios, bares, restaurantes, hoteles, actividades y empresas, o el impacto sobre el empleo y nuestro estado del bienestar será dramático”, insiste AVE, que considera que los empresarios, “sean del tamaño y sector que sean, junto con sus trabajadores, son los que nos sacarán de esta crisis y no pueden ser señalados por parte de nuestros responsables públicos como el enemigo”.
En esta línea, pide que se confíe más en los empresarios, “que somos los primeros interesados en proteger a nuestros equipos y colaboradores, como lo hemos hecho siempre, porque en el talento de las personas que conforman las empresas, radica la supervivencia de estas”.
Además, defiende que están siendo “ejemplares contribuyendo con su solidaridad a que la crisis sanitaria, que está dando paso a una crisis económica, no llegue también a ser una crisis social”.
Así, AVE hace hincapié en que la vuelta a la actividad económica “es fundamental para preservar el empleo de millones de españoles, porque sin empleo ni actividad económica no se pagan impuestos y sin impuestos no hay estado del bienestar”, por lo que exige a los responsables públicos a que, además de permitir la actividad económica, “faciliten que cualquier español que quiera poner en marcha una actividad económica, comercio o empresa, invertir o generar empleo, pueda hacerlo de forma inmediata”.
Para ello, sostiene que es “imprescindible eliminar trabas burocráticas” y aplicar “con urgencia” dos medidas imprescindibles o, en caso contrario, “no llegarán inversiones y la recuperación será más lenta”: el silencio administrativo positivo generalizado e iniciar la actividad con declaración responsable.
Por último, sostiene la entidad que, como sociedad, “no podemos permitir que se aproveche esta crisis sanitaria y económica para generar una crisis social de división, enfrentamiento y confrontación constante”.
Consensos y sin intereses partidistas
“Más que nunca necesitamos una sociedad civil fuerte, activa y valiente, que exija a nuestros responsables públicos que se pongan de acuerdo y consigan consensos, dejando al margen sus intereses partidistas, y piensen en el interés de todos los españoles, para fortalecer a nuestras instituciones y generar confianza y seguridad jurídica. Dando ejemplo, así mismo, en la racionalización y reducción de los costes innecesarios y duplicidades que existen en las administraciones públicas”, concluye.