Los empresarios que financiaron al PP siguen copando las adjudicaciones públicas: 52 millones tras confesar

En marzo de 2017 los nueve empresarios “cazados” por la Justicia por pagar actos del PP de Francisco Camps firmaban un acuerdo con la fiscal para evitar la prisión. El pacto contemplaba reconocer los hechos de manera que las acusaciones pudieran acreditar que los populares hicieron trampa en las elecciones de 2007 y 2008, pero no que el dinero entregado fuera a cambio de adjudicaciones públicas, lo que podía haber añadido la malversación de caudales públicos a los ya asumidos delitos de falsedad y delito electoral. Al final, los patronos pasaron de enfrentarse a casi cinco años de cárcel cada uno a entre un año y tres meses y un año y nueve meses a la sombra.

En el juicio que empezó esta semana, los nueve empresarios reconocieron los hechos ratificando el pacto con la fiscal ante el juez. Enrique Ortiz, Gabriel Batalla, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez Berna, Antonio y Alejandro Pons Dols, José Francisco Beviá y Vicente Cotino habían negociado también conmutar la pena de cárcel por una multa de unos dos millones de euros abonada entre todos y según los delitos a los que se enfrentaban.

Así y tras su declaración, el magistrado les ordenó su salida de la sala. Ya no volverán a acudir a la Audiencia Nacional hasta el último día en que podrán decir su última palabra, que será ninguna. La sentencia para ellos ya es conocida y a su salida de la sala no dudaron en mostrar su satisfacción y en algunos casos jolgorio, abrazos incluidos. Lástima que esté prohibido hacer fotos en el hall de la Audiencia Nacional.

Cierto es que la confesión de los empresarios -es la primera vez en España que reconocen la financiación ilegal de un partido- le ha servido a la fiscal para apuntalar el caso contra los políticos y ha forzado a Francisco Correa, Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo a tirar de la manta para rebajar penas. Pero el acuerdo le ha salido a los empresarios bastante barato económicamente y sin ninguna repercusión sobre sus negocios, que continúan siendo los mismos que cuando el PP arrasaba en la Comunitat Valenciana gracias a sus generosas aportaciones -1,1 millones en 2007-.

Así, cuando no habían pasado ni tres meses del pacto de marzo de 2017, que se hizo público el mismo día, dos de estos empresarios corruptos confesos, según han reconocido ante el juez, ganaban un concurso de obra pública millonario. Becsa, de Gabriel Batalla, conseguía el mantenimiento de las carreteras de Castellón por 27 millones de euros, mientras que Hormigones Martínez, de los hermanos Martínez Berna, en UTE con otra firma, obtuvieron los trabajos en las vías del norte de Alicante por 25. En total, 52 millones euros adjudicados por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat valenciana, gestionada por el PSPV.

El beneficio industrial -lo que ganan los accionistas tras restar los gastos- solo en estos dos contratos puede rondar siendo restrictivos entre los tres y los cincos millones de euros, es decir, que supera con creces la multa abonada al Estado para librarse de la cárcel.

Pero Batalla y los Martínez Berna no son los únicos cuyas empresas continúan consiguiendo los mejores y mayores contratos públicos. Enrique Gimeno con su empresa Facsa continúa ganando contratos del servicio de agua y depuradoras. De hecho, copa el 90 % de las plantas públicas de depuración en la provincia de Castellón que adjudica la empresa pública Epsar, cuyo gerente es de Compromís. Recientemente, Facsa ha obtenido un contrato en Vinarós, donde gobierna Podemos.

Enrique Ortiz, conocido por la trama como “el de las galletas” y que también está imputado en el caso Brugal, continúa con contratos millonarios de recogida de basuras aunque en su caso ha perdido en el último año contratos millonarios como el de la Universidad de Alicante. Vicente Cotino, que todavía es propietario de Savia, sigue con contratos vigentes para gestiona residencias concertadas de la Generalitat que se blindaron con Rafael Blasco y se mejoraron posteriormente con su tío Juan Cotino como conseller de Bienestar Social.

Los que más problemas están teniendo por su implicación en la trama de corrupción del PP son los hermanos Pons Dols, que además de haber roto la relación personal, han visto como su empresa Piaf se encuentra en concurso de acreedores. La sociedad también sufrió mucho el hundimiento del mercado inmobiliario y la crisis económica.

Otro dato llamativo que subyace de la actuación de estas empresas valencianas -entre ellas están las más fuertes de Alicante y Castellón- es que en la actualidad continúan con un curioso reparto territorial del negocio. De hecho, los contratos de carreteras para las vías del sur de la Comunidad Valenciana los ha ganado la empresa de Alicante y los de las carreteras del norte los ha ganado la firma de Castellón. En las carreteras de Valencia se impusieron firmas radicadas en la provincia.

Los contratos públicos tienen una cláusula en el que se pueden rescindir por parte de la administración si la empresa es condenada en sentencia firme e inhabilitada. En este caso, los condenados son los empresarios así que legalmente sería difícil plantear alguna ruptura. Eso sí, exigen fórmulas para garantizar la transparencia de las empresas que trabajan en la administración y, sobre todo, para garantizar la libre competencia. Porque, como aseguró El Bigotes en su demoledora declaración: “Aquí no están todos los empresarios que son. Y tampoco se les ha preguntado qué recibían cuando soltaban la mandanga”.