Las organizaciones sociales que están ejerciendo la acusación popular en el proceso penal contra el exinspector de la Policía Nacional Ricardo Ferris han solicitado una pena de 3 años de prisión por la comisión del delito de odio de incitación a la violencia contra las personas migrantes. Ferris va a ser juzgado por equiparar en reiteradas ocasiones la inmigración con la delincuencia y por haber instado públicamente, en su calidad de inspector jefe y jefe de la comisaría Centro de València, a actuar “de forma violenta” contra la población migrante en una jornada sobre inmigración y seguridad ciudadana celebrada en octubre de 2022.
El acto fue organizado por Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), respaldado por la asociación Una Policía para el Siglo XXI y transmitido masivamente por distintas redes sociales. Tras su intervención fue destituido por el Ministerio del Interior y el excomisario solicitó su pase a la segunda actividad, lo que le reconoce por ley algunas retribuciones económicas “mientras continúa difundiendo el mismo mensaje racista en las redes y en las entrevistas que le realizan algunos portales”.
El 2 de noviembre de 2022, “ante la falta de reacción de las autoridades judiciales frente a un discurso que fue reproducido ampliamente en los medios de comunicación”, una treintena de organizaciones de personas migrantes y de defensa de sus derechos interpusieron una denuncia por delito de odio contra el excomisario ante la Sección de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de la Fiscalía de València (Fiscalía contra los Delitos de Odio).
Las entidades firmantes (València Acull, Federación Unión Africana España, Por Ti Mujer, CIM Burkina, Uhuru València, Plataforma Intercultural de España, Rumiñahui, Sentimiento Perú, Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los cuidados AIPHYC, Coordinadora de Inmigrantes Marroquíes de la Comunidad Valenciana Casa Marruecos, Colombia Tierra Querida, Asociación de Hondureños Solidarios en València ASOHSV, Aguante Social, EntreIguales València, Campaña por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones, Colectivo Sur Cacarica, Asociación Hispanoamericanos en València, Cedsala, Movimiento por la Paz MPDL, Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras, CEAR-PV, Asociación Argentina en València, Movimiento Estatal Regularización Ya, Asociación Intercultural Candombe, Asociación de Cameruneses en València, Equipo del Decenio Afrodescendiente, SOS Racisme del País Valencià, Voz Marroquí, Asamblea de Solidaridad con México-País Valencià, Centro de Investigación Migrante para la Interculturalidad-País Valencià y Plataforma Provincia de Valencia Capital Europea de la Fraternidad) actuaron al considerar que sus manifestaciones “no sólo merecen la condena social sino también la penal” y el 24 de enero de 2023 ampliaron la denuncia inicial al comprobar que el inspector jefe “continuaba difundiendo su discurso de odio”.
Investigación de la Fiscalía
La Fiscalía inició una investigación, pidió que se le procesara y, finalmente, ha solicitado tres años de cárcel por haber propagado “el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia el colectivo migrante. Paralelamente, las organizaciones denunciantes se plantearon ejercer la acusación popular, pero los condicionantes que impone esta figura provocaron que solo dos entidades -València Acull y CIM Burkina- pudieran personarse.
En el escrito de conclusiones de ambas entidades se describe la intervención de Ferris en el acto de Vox y DS y se destaca que el acusado desarrolló su discurso con “la credibilidad y autoridad que le otorgaba el cargo que ostentaba” y con el conocimiento de que estaba siendo grabado y de la “falsedad” de los datos que aportaba. Para las acusaciones, su objetivo no sólo fue “difamar a las personas migrantes, provocando su estigmatización, criminalización y deshumanización”, sino también exhortar “a ejercer violencia directa contra los extranjeros”.
Así, reproducen varios párrafos de su mensaje donde textualmente el entonces comisario dijo: “Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia”; “Todos los que vienen en patera son ex presidiarios”; “Siempre son los mismos: o son argelinos o marroquíes o sudamericanos”; “Absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera y esto lo digo y lo afirmo porque es así. Y la violencia de género que ahora está tan de moda, exactamente igual”.
Posteriormente se dirigió a quienes le escuchaban en estos términos: “Los españoles somos un pueblo pacífico, lo hemos sido, pero desgraciadamente pues vamos a tener que dejar de serlo”; “Vamos a tener que actuar y echarle narices al asunto”, La seguridad ciudadana es cosa de todos, así que ir preparando…“. Las consecuencias de estos mensajes fueron ”decenas de discursos de odio en las redes“, donde se proponían acciones concretas de violencia contra cualquier migrante: ”Limpieza étnica, no hay más“; ”Pues al mar con ellos“; ”Va a llegar un momento en que me cuelgue el bate a la derecha y la otra perla a la izquierda, a lo Rambo“; ”Si la policía no tiene autoridad, si la ley no nos protege, tendremos que hacerlo nosotros mismos“.
Ferris se reafirma en entrevistas recientes
Las acusaciones populares también aportan entrevistas recientes con Ferris en las que éste se presenta como “inspector jefe con amplia experiencia en materia de seguridad ciudadana”, reitera las manifestaciones que hizo en octubre de 2022 e incluso, en alguna, directamente se proyecta el vídeo del acto. El excomisario continúa vinculando a todas las personas migrantes con la delincuencia, afirma que hace unos años “coincidiendo con las invasiones” de extranjeros “se incrementó la delincuencia” y asegura que está yendo y continuará yendo a todos los foros a difundir el mismo mensaje.
Por todo ello, coincidiendo con la petición de la Fiscalía, las acusaciones solicitan tres años de cárcel, multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación. Así mismo, se solicita la comparecencia en el juicio oral de Mohamed Mboirick Ely Baba, miembro fundador y portavoz de la Federación Unión Africana España; Llanos Rodríguez, presidenta de CIM Burkina; Ángela Pedraza, presidenta de València Acull; Francisco Simón, quien presentó la denuncia inicial en nombre de las entidades, y de varios policías.