Las operaciones de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y dirigente provincial del PP, que investiga un juez “se realizaban a través de sobres cerrados que eran llevados a la correspondiente sucursal bancaria”, tras lo cual se entregaba al expolítico el documento justificativo de la operación, “también en sobre cerrado”, según han declarado su chófer, un empleado de la Cámara de Comercio y varios de sus escoltas. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló ha imputado a Fabra, a su mujer y dos de sus hijos, además de conocidos empresarios como Fernando Roig o Luis Enrique Batalla, por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, frustración de la ejecución y uso de información privilegiada.
El juez y la Fiscalía han estado investigando en secreto durante tres años al expresidente de la Diputación de Castellón y a su entorno por el presunto intento de escaquearse del pago del dinero defraudado a Hacienda a través de fondos camuflados que los empresarios investigados en la causa habrían hecho llegar a cuentas bancarias de la familia Fabra. El expolítico del PP abonó, tras la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Castelló, un millón de euros a Hacienda pero le falta pagar otro millón, por los intereses y la multa. El magistrado Jacobo Pin ha seguido la pista del patrimonio del expolítico por las “sospechas de posibles ocultamientos de bienes y/o transmisiones fraudulentas en fechas cercanas a la condena penal”.
Los escoltas de Fabra, funcionarios de la Policía Local de Castelló, un empleado de la Cámara de Comercio y su chófer han confirmado que las operaciones investigadas “se realizaban a través de sobres cerrados”, según el auto del juez Jacobo Pin, el mismo magistrado que instruyó el caso Fabra. Tanto los escoltas como el chófer ya habían aparecido vinculados a una operación de la esposa de Fabra con la compra de un a mina, según informó el diario El País. Uno de los escoltas también declaró como testigo en el caso Fabra.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, incluido en el sumario del caso, concluye que Fabra, un expolítico recién salido de la prisión, obtuvo una media de ingresos en efectivo de más de 19.000 euros. La investigación judicial ha detectado indicios de “fondos con sospecha razonable de procedencia ilícita, al carecer de justificación apreciable, pudiendo ser debidos al carácter público del cargo” de presidente de la Diputación.
Pagos del PP y de empresarios condenados por financiar al partido
El análisis que ha hecho la Udef de las cuentas bancarias de Fabra y su familia ha detectado ingresos de una cuenta del PP de Castelló (de la que Fabra figuraba como autorizado) a Asdecas SL, una mercantil del expolítico por valor de 58.920 euros. José Antonio López López, gerente del partido en Castelló aportó tres facturas, del ejercicio 2012, con el mismo concepto: “Trabajos y asesoramiento en temas de seguridad del Partido Popular y de sus miembros”. No consta “documentación alguna acreditativa de tales trabajos y asesoramientos”, asegura el auto del juez, que pide al PP que identifique “plenamente” a los cargos que autorizaron los pagos.
La firma Becsa SAU, de la cual en el momento de los hechos investigados era administrador único Luis Enrique Batalla Reigada, hijo del histórico empresario Luis Batalla y hermano de un condenado por financiar al PP con casi 110.000 euros, abonó a través de otra sociedad (Sipcas SL) varias facturas por un valor total de 232.897 euros por “supuestos servicios de asesoría e identificación de proyectos de construcción” en Irak, Kuwait y Marruecos en el campo de la promoción inmobiliaria.
El contrato del supuesto servicio de asesoría, según destaca el auto del juez, sólo se refiere a Irak, a pesar de carecer de experiencia en el sector. De hecho, según declaró el hijo de Carlos Fabra, era la primera vez que hacía un trabajo de este tipo. De la cantidad total que ingresó el hijo de Fabra, 211.000 euros fueron “reenviados de manera inmediata” a su padre. El juez ha imputado a Batalla para aclarar los motivos de la contratación pese a carecer la empresa del hijo de Fabra de “experiencia en el sector”.
El empresario Enrique Gimeno, condenado en el marco del caso Gürtel por financiar al PP, firmó con Fabra pólizas de contrato mercantil para la prestación de garantías bancarias y elevación de fianza, por un valor total de 1,2 millones de euros, de los que se cancelaron parcialmente 801.924 euros para afrontar la ejecución de los avales. El expolítico del PP declaró que solicitó a su amigo Enrique Gimeno, presidente del consejo de administración de Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA, que le prestara ayuda económica ante su situación económica.
El expresidente de la Diputación de Castelló atribuyó al empresario la “entera responsabilidad de articular el préstamo”, debido a la “relación de amistad familiar” que une desde hace “varias generaciones” a las familias Fabra y Gimeno (los antepasados de Fabra han ocupado puestos de responsabilidad en la institución provincial desde la Restauración y los de Gimeno controlan la gestión del agua en Castelló desde hace más de un siglo).
El empresario Fernando Roig emitió un cheque por valor de 300.000 euros por la “amistad” que le une con Fabra, quien no ha devuelto la cantidad. Una de sus sociedades ordenó transferencias por 350.000 euros a cuentas de Fabra y por 100.000 euros a una cuenta de su hijo Borja. El supuesto crédito fue cancelado tiempo después, según el administrador de la mercantil (aunque no aportó la “documentación acreditativa”).
Roig también firmó ante un notario el préstamo personal con garantía hipotecaria sobre el domicilio particular de Fabra en Oropesa del Mar (Castelló). El importe del préstamo fue de 1,4 millones a devolver en dos años con posibilidad de prórroga, sin que se cancelara el préstamo hipotecario que pesaba sobre esa propiedad desde 2007 (y que en 2016 fue novado por un periodo de 40 años). No consta, según el auto del juez, que se haya devuelvo importe alguno del supuesto préstamo. Teniendo en cuenta que el inmueble, situado en una privilegiada zona de costa, fue tasado en 1,4 millones , con lo que pesaba una carga total de 2,6 millones, “lo que hace prácticamente inviable por parte de los segundos acreedores ejecutar la garantía”.
Daniel Vicente Latorre, administrador único de Reyval Ambient SL (actualmente denominada Intercity Development SL), adjudicataria de contratos públicos, aportó al juzgado la documentación sobre un supuesto “préstamos personal”, pagado mediante un cheque de 50.000 euros ingresado en la cuenta de Carlos Fabra. Como garantía del préstamo, Fabra aportaba “obras de arte de su propiedad” valoradas en la misma cantidad.
La Cámara de Comercio de Castelló, de la que Fabra fue secretario general con un sueldo de 90.000 euros anuales, no ha aportado al juzgado la “documentación acreditativa de los supuestos préstamos” de los que se benefició el expolítico del PP por 60.000 euros. El juez Jacobo Pin ha pedido al organismo que identifique a los responsables de autorizar los préstamos para citarlos en calidad de investigados. Salvador Martí Huguet, expresidente de la Cámara de Comercio, prestó a Fabra 125.000 euros, “en el marco de la amistad que mantenía” con el expresidente de la Diputación de Castelló. Martí, de 87 años, no recordó durante su declaración ante el juez si el importe le fue devuelto, debido a las afecciones que padece.