Las escuchas del ‘caso Rus’ destapan una red de mordidas para saquear la Generalitat
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Rus, la supuesta trama de mordidas a contratistas de la Diputación de Valencia, podría destapar una red organizada por cargos del PP para lucrarse a costa de las adjudicaciones de la Generalitat.
Algunas de las grabaciones en poder de la justicia así lo acreditarían. La Cadena SER ha difundido audios donde mandatarios del PP podrían estar hablando de las comisiones que se conseguían de empresas que trabajaban con las administraciones gobernadas por el PP.
Una de esas conversaciones es entre Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, la empresa de la Diputación de Valencia que estaría en el centro de la trama, y Máximo Caturla, vicepresidente de la Diputación de Valencia. La charla se produjo en 2006, cuando Caturla era el número 2 de la Conselleria de Educación y gerente de Ciegsa, la empresa pública encargada de la construcción de colegios.
Benavent: “Ahora llamaré a Alfonso Rus, que me llamó esta mañana, y le diré que me han dado 30. Hostia, es lo que hay”.
Caturla (en referencia a Rus): “El pensaba que más”.
Benavent: “La de Xàtiva, la de Xàtiva es buena, que son 9 millones” [Rus es alcalde de Xàtiva desde 1995, donde Benavent fue concejal].
Todas las conversaciones –unas 10 horas- fueron grabadas por Benavent, destituido años más tarde de Imelsa. En algunos pasajes, se implicaría a Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat liderada por Francisco Camps y condenado por el caso de los trajes, en el cobro de comisiones, que sería conocido por buena parte de la cúpula del partido.
“Debes hablar con Gerardo [Camps, ex conseller de economía]. Víctor [Campos] es recaudador, recauda. Pero va a su puto culo. Recauda mucho para 'el tuerto' [presumiblemente, Carlos Fabra, exvicepresidente de la Diputación de Castellón ahora en prisión]”, se escucha.
La trama corrupta de Imelsa fue denuncia por Esquerra Unida, que ha revelado como Benavent cobró 900.000 euros a través de empresas sin actividad a contratistas habituales de la Diputación de Valencia. El asunto ha puesto a Rus, el presidente de la corporación provincial, en el ojo del huracán. Aunque se le defiende, tibiamente, en público, el PP estudia su defenestración para intentar parar el escándalo.
Rus, mientras, se ha puesto a disposición del fiscal, niega cualquier irregularidad y ha lanzado una comisión de investigación en la diputación presidida por la oposición, por un diputado de Compromís. EU, sin embargo, da a Rus por “políticamente muerto”. El partido ha tenido acceso a los audios –que no difunde al estar la causa judicial bajo secreto de sumario- y dice que son una bomba de relojería.
