El camino del yate al juzgado

Es ya la segunda diputada del PP valenciano que desfila esta semana por los juzgados, y no será la última. Sonia Castedo, que es además alcaldesa de Alicante, entró a las 8:40 de esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar por su presunta implicación en el caso Brugal. Cuando el fiscal, las partes personadas y el juez acaben su interrogatorio, será el turno de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi. Los dos son sospechosos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

Para llegar a imputarla por esos delitos, el juez ha leído un largo sumario en el que la Policía Judicial registró durante meses conversaciones grabadas entre ella y el constructor Enrique Ortiz, el empresario más poderoso de Alicante. Las transcripciones podrían servir para construir una novela al estilo de la que inspiró la serie de televisión Crematorio, un retrato de las relaciones inadecuadas entre políticos y promotores durante los tiempos de la burbuja inmobiliaria.

Viajes, empleos, un coche

El sumario muestra la relación de Castedo y Ortiz desde, al menos, la primavera de 2008 hasta el verano de 2009. El punto clave es la presentación al público del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en octubre de 2008. En los meses anteriores, las conversaciones dejan ver cómo la alcaldesa permitió presuntamente al constructor consultar en varias ocasiones los planos en reuniones privadas. En esos encuentros, Ortiz habría hecho recomendaciones con el objetivo de conseguir beneficios. En los meses posteriores a octubre, la Policía grabó cómo la alcaldesa consiguió “contraprestaciones”, según recoge el sumario: viajes, empleos para terceras personas e, incluso, un coche.

Hay muchas frases registradas por la Policía que muestran la influencia que Ortiz tenía sobre Castedo. “Con lo que me dijiste el otro día (...), tengo que ver el dibujo ese urgente”, le dice el constructor a la alcaldesa en mayo de 2008. “Intenta tener el planito y me lo enseñas”, le pide en junio, a lo que la alcaldesa responde: “Sí, sí, mañana, mañana nos vemos entonces”. A cambio de su actitud solícita, la primera edil habría obtenido los favores del poderoso empresario. Según se deduce del sumario, Castedo pedía a Ortiz directamente o a través de terceros que buscara un empleo para una persona cercana a ella, o que la mantuviera o la ascendiera si ya lo tenía. El constructor intentaba por todos los medios satisfacerla.

Las conversaciones muestran cómo Ortiz intentaba dar un puesto a los recomendados en empresas de su propiedad que habían obtenido concursos públicos. En las llamadas telefónicas se ve cómo Ortiz ordena a sus subordinados que cumplan el encargo, aunque para ello tengan que amañar concursos de méritos. El constructor contestó “claro” a la sugerencia en este sentido de uno de sus subordinados, que le propuso lo siguiente: “Es decir, hacerlo aparentemente por el procedimiento legal, aunque luego la elijamos a dedo”.

En el yate del constructor

Este presunto intercambio de favores entre la alcaldesa y el constructor iba acompañado de una fluida relación entre ellos y sus familias. En diciembre de 2008, viajaron todos juntos a Andorra, según se deduce de las conversaciones telefónicas recogidas en el sumario. En verano, compartieron una salida a Ibiza. En este caso, usaron presuntamente el yate de Ortiz. Los dos pactan en una de las convesaciones que sería el chófer del empresario el que iría a recoger a la política y a su familia.

Desde el primer momento en el que se conocieron todas estas conversaciones, Castedo ha defendido su inocencia. Niega los regalos y asegura que el PGOU de Alicante no sufrió ninguna variación que beneficiara a Ortiz. En una rueda de prensa en el año 2010 mostró las facturas de los supuestos regalos para probar que ella los pagó, pero no las distribuyó entre la prensa por considerar que eran “personales”. A la alcaldesa no le han faltado argumentos peregrinos, conforme el cerco de la Justicia y de la presión mediática se iba estrechando en torno a ella.

En junio de 2011, justificó la petición de empleos para terceros a Ortiz en que era lícito e incluso beneficioso para el bien común: “No, es que no fue solamente a uno, fue a muchos, porque el Ayuntamiento tiene una agencia de empleo. (...) Es nuestra obligación llevar a cabo los contactos con las empresas”. En los últimos meses, la oposición le ha exigido en varias ocasiones que dimita. En el pleno del pasado 29 de septiembre tuvo lugar la enésima petición en este sentido por parte del portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón. “Si hubiera asaltado un Mercadona, ¿también pediría mi dimisión?”, fue la respuesta de la alcaldesa.

Es ya la segunda diputada del PP valenciano que desfila esta semana por los juzgados, y no será la última. Sonia Castedo, que es además alcaldesa de Alicante, entró a las 8:40 de esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar por su presunta implicación en el caso Brugal. Cuando el fiscal, las partes personadas y el juez acaben su interrogatorio, será el turno de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi. Los dos son sospechosos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

Para llegar a imputarla por esos delitos, el juez ha leído un largo sumario en el que la Policía Judicial registró durante meses conversaciones grabadas entre ella y el constructor Enrique Ortiz, el empresario más poderoso de Alicante. Las transcripciones podrían servir para construir una novela al estilo de la que inspiró la serie de televisión Crematorio, un retrato de las relaciones inadecuadas entre políticos y promotores durante los tiempos de la burbuja inmobiliaria.