Las administraciones públicas y privadas españolas deberán proteger a los denunciantes de corrupción proveyéndoles asistencia jurídica y psicológica e incluso ayudas financieras en casos excepcionales. La nueva directiva de la Comisión Europea obliga a España a adoptar las medidas necesarias para la protección de los denunciantes o de los whistleblowers (alertadores) en empresas privadas o en la administración pública incluyendo multas en caso de que hayan represalias, lo que genera “nuevos e importantes retos”, según la directora de Asuntos Jurídicos de la Agencia Antifraude, Teresa Clemente.
La directiva europea obliga a proteger a cualquier trabajador o extrabajador y a cualquier persona que preste servicios para subcontratista o proveedores, según explicó Clemente durante la jornada celebrada por Antifraude para celebrar el día internacional contra la corrupción. Cualquier trabajador, desde un becario en prácticas hasta un accionista de la empresa, quedará protegido. Así, en mercantiles de 50 empleados y en los municipios de más de 10.000 habitantes será obligatorio un canal de denuncia seguro y fácilmente accesible, que permita alertar sobre prácticas corruptas por escrito o verbalmente y siempre manteniendo la confidencialidad sobre la identidad del denunciante.
La directiva también incluye la prohibición de las represalias contra aquellas personas que denuncien tramas de corrupción e incluso sanciones si se producen. Estos alertadores contarán con asistencia jurídica y psicológica. La directora de Asuntos Jurídicos de la Agencia Antifraude ha recordado que muchos denunciantes sufren “situaciones de hostigamiento laboral, acusaciones de denuncia falsa e incluso el despido”.
Las denuncias “malintencionadas, frívolas o abusivas” no contarán con protección, tampoco los rumores o las denuncias engañosas. Clemente ha enumerado los tipos de represalias que enumera la directiva y que, según la experiencia de la conferenciante, sufren habitualmente los alertadores: degradación en el puesto de trabajo, reducción del salario, sanciones, coacciones e incluso “referencias médicas o psiquiátricas” para desacreditar.
El 17 de diciembre del 2021 finaliza el plazo que tiene España para llevar a cabo la transposición (la aprobación de las medidas de aplicación en la jerga del derecho comunitario) de la Directiva 2019/1937. Dos años después finaliza el plazo para establecer canales de denuncia interna para el blanqueo de capitales. En 2023, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la ejecución y aplicación de la directiva. Finalmente, el 17 de diciembre del 2025 la Comisión presentará un informe para evaluar la repercusión de las nuevas normas nacionales sobre protección de denunciantes de corrupción.
“La Comunitat Valenciana se adelantó” con la ley que creó la Agencia Antifraude que es “más avanzada que la directiva europea ahora aprobada”, señala el presidente de la Asociación Españolas de los Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales (ASEBLAC), Juan Carlos Galindo. El informático Hervé Falciani, miembro del Consejo de participación de Antifraude, ha destacado la importancia de la inteligencia artificial para luchar contra la corrupción “por el papel que juega en su capacidad de gestionar datos”. “Tenemos la necesidad tecnológica de gestionar cantidades impresionantes de información, a nivel cuantitativo y cualitativo”, dice Falciani, quien filtró miles de documentos del banco HSBC que destaparon un escándalo transnacional.