La gestión de la emergencia de la DANA por parte del Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón se está caracterizando por la propagación de bulos y cambios de versiones para tratar de justificar, entre otras cosas, el retraso en el envío del mensaje de alerta que finalmente se mandó a las 20.12 horas del martes 29 de octubre, cuando miles de valencianos estaban ya atrapados por las lluvias torrenciales.
Si el jueves la consellera responsable de las emergencias, Salomé Pradas, mintió sobre el momento en que se empezó a debatir la necesidad de lanzar la alerta a móviles y dijo desconocer la existencia de este sistema, este viernes se ha conocido por fin qué hizo Mazón durante cinco horas clave el día de la DANA. Una supuesta comida, que en un primer momento la Generalitat dijo que era privada, que luego se convirtió en un “encuentro de trabajo” y que al final resultó ser un almuerzo con la periodista Maribel Vilaplana, expresentadora de la tele pública valenciana en el anterior mandato del PP.
Son solo algunos ejemplos de cómo se está gestionando la emergencia a ninvel comunicativo para tratar de desviar la atención de la petición de responsabilidades por parte de la ciudadanía, como se evidenció en la gran manifestación en la que 130.000 personas exigieron la dimisión de mazón.
La estrategia, sin embargo, no es nueva. Hasta la irrupción de la DANA que se ha cobrado más de 200 fallecidos, el incendio forestal de Montitxelvo había sido la emergencia de mayor envergadura a gestionar por el Gobierno de Mazón, entonces aún con Vox como socios y responsables de la Conselleria de Justicia.
El incendio arrasó 2.500 hectáreas y se declaró el 1 de noviembre de 2023. Dos días antes, el 30 de octubre, los bomberos se manifestaron a las puertas del departamento que entonces dirigía Elisa Núñez para protestar por la no prórroga del servicio de los casi 300 profesionales que finalizaban sus contratos al día siguiente, el 31 de octubre, y que en los últimos años, con el Gobierno del Botánico, se habían alargado hasta el 31 de diciembre.
Tras esta concatenación de acontecimientos, el presidente Mazón, el sábado 4 de noviembre, afirmó sobre la investigación relativa a las causas del incendio que si se confirmaba que el fuego había sido provocado, el autor no había sido “un amateur ni de un gamberro”, sino “alguien que sabe de fuego o algunos que saben de esto. Yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos”, comentó con las protestas de los bomberos aún en la retina.
El colectivo no tardó en reaccionar al interpretarlo como una acusación indirecta, o al menos, como una forma de arrojar sospechas, y se manifestó el 13 de noviembre de nuevo a las puertas de la Conselleria de Justicia, por esta y otras cuestiones. En un manifiesto firmado por el Sindicato Profesional, CCOO, CGT y UGT, condenaron las insinuaciones de Mazón: “Con una investigación en curso que solo ha podido descartar las causas naturales por cuestiones obvias (no fue un rayo), cualquier otra insinuación es de una gran irresponsabilidad, especialmente si la realiza el máximo representante de la Generalitat Valenciana. Decir que es gente que sabe de fuego y que vamos a ir a por ellos, sin evidencias que apunten hacia la posible intencionalidad o cualquier otra variable, sólo puede entenderse como un ataque a todo un colectivo que había dejado en evidencia sus errores de gestión”, decía el documento.
Los representantes sindicales de los bomberos se reunieron posteriormente con Mazón y le trasladaron sus malestar por estas palabras así como que les hubiera gustado una disculpa pública. El presidente afirmó que se habían malinterpretado sus palabras y que nunca quiso señalarles. La investigación de la Guardia Civil concluyó el fuego se originó por una descarga eléctrica proveniente de los cables de media tensión próximos.
Otro de los bulos que propagaron en aquel momento el PP y Vox fue que a las puertas de las elecciones del 28M, la entonces consellera de Justicia socialista, Gabriela Bravo, intentó colar 1.800 nuevos empleos públicos en la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), algo que diferentes representantes sindicales afirmaron que directamente “es mentira”, y explicaron: “El pasado año para optimizar se apostó por una reducción de categorías creando la figura del bombero polivalente. Esto obliga a duplicar plazas para que los efectivos se integren en esta nueva categoría, pero cuando esto sucede, se elimina la anterior, de modo que no hay una duplicación de personal, simplemente era una reorganización que no implicaba aumentar la plantilla”.
Infrautilizados en la DANA
Los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana se han quejado del poco servicio que entienden que el Gobierno valenciano les ha requerido para actuar durante la crisis de la DANA. En un comunicado firmado por todos los principales sindicatos (CCOO, UGT, CGT, CSIF, SPPLB y EMAD) afirman que “desde el primer momento de la catástrofe y viendo las cifras de movilización, parece que el gobierno valenciano no acaba de considerar necesaria nuestra ayuda, pese a ser un servicio esencial en los diferentes Planes Especiales de Emergencias”.
Ante este tipo de situaciones excepcionales han afirmado que “deberíamos de ser informados detalladamente, avisados y activados en modo preventivo y proactivo”, además aseguran que “los protocolos escasos y raquíticos actuales han fallado”, y que “la importancia que le dio desde un principio la administración actual que nos gobierna ha sido como mínimo negligente”.
También han criticado que la gestión operativa y activación de los medios de los bomberos forestales es “insultantemente ineficiente y está fundamentada en el corporativismo de los diferentes consorcios provinciales”. Esto, afirman, ha causado “la no actuación de gran parte de nuestros recursos y unidades BF de las provincias de Castellón y de Alicante en la tragedia actual”.