Esther López Barceló, diputada de EUPV en las Corts Valencianes, ha pedido la creación de una comisión de investigación sobre el Plan Rabassa y ha enviado una copia del informe policial a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, para que “entienda la necesidad de parar la aprobación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Ikea”.
El plan urbanístico está siendo investigado por las sospechas de amaños entre el ayuntamiento y el constructor más importante de la ciudad, Enrique Ortiz. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, está imputada por el caso y es hostigada por su partido para que abandone el cargo.
López Barceló solicitará una comisión sobre la elaboración y tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, el Plan Rabassa y la ATE de Ikea, porque “es imprescindible que se depuren todas las responsabilidades políticas que se derivan de estos procesos, que podrían haber sido creados basándose presuntamente en las necesidades empresariales de algunos y no en el interés general”.
La diputada espera que cuando Bonig “conozca de primera mano la información contenida en el informe policial actuará de forma responsable, paralizando al menos de forma cautelar este procedimiento por estar viciado de origen por una supuesta trama delictiva”. La consellera ya ha dicho que el plan, con el visto bueno de los técnicos, sigue adelante.
Además, ha advertido de la “gravedad social, política y económica que podría suponer una actitud indiferente por parte del Consell que concluyera en la aprobación de la ATE de Ikea”. EU llevó las recalificaciones urbanísticas que permitirían la instalación de Ikea y la construcción de miles de viviendas en terrenos de Ortiz a los tribunales. El plan fue aprobado con los votos del PP y el PSOE.