El caso Rabassa, la recalificación urbanística impulsada por el Ayuntamiento de Alicante en terrenos del constructor más poderoso de la ciudad, Enrique Ortiz, no sólo tiene contra las cuerdas a la alcaldesa, Sonia Castedo, hostigada por su propio partido para que deje el cargo.
El PSPV-PSOE también puede salir tocado por la supuesta trama corrupta. Ángel Franco, hombre fuerte del socialismo de Alicante durante lustros, se ha dado de baja en el partido al tiempo que el PSPV lo ha expedientado. ¿Motivo? Las revelaciones de la policía que le conceden un papel clave en la recalificación urbanística bajo sospecha, que permitirá la instalación de Ikea en la ciudad.
Según la investigación policial, apoyada en numerosas escuchas, Franco estaba al tanto de las maniobras de Ortiz para revalorizar sus terrenos con un cambio de planeamiento. No sólo eso: las apoyó, en connivencia con el constructor, como probaría que el PSPV votó con el PP a favor del plan Rabassa. El asunto llegó a los tribunales mediante una denuncia de Esquerra Unida.
Senador, diputado, concejal o secretario general, Franco controlaba el PSPV de Alicante, el principal partido de la oposición pese a su debilidad y sus eternas guerras internas. Su baja temporal como militante parece acabar con su etapa de dominio pero ha tocado duramente a los socialistas, que se han afanado en recordar que el caso Rabassa es responsabilidad del PP.
El “elemento esencial de la trama del caso Rabasa no es ningún militante socialista, es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. El caso Rabassa es el caso PP”, ha recalcado el PSPV de Alicante. “Ningún cargo socialista, ni actual ni pasado, está imputado en este caso”.
En la misma línea se ha pronunciado Ximo Puig, líder de los socialistas valencianos quién decidió abrir un expediente para expulsar a Franco antes de que éste presentara su baja. “hay que tener un diálogo permanente [entre empresarios y políticos],pero hay fronteras que no se pueden cruzar y hay que ir a una ejemplaridad mucho más contundente”.