Lola Johnson, ex jefa de comunicación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y exdirectora de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), ha negado cualquier responsabilidad ante el juez en el agujero económico de Canal 9, cerrada con una deuda de 1.300 millones de euros.
Johnson dejó su cargo en la Generalitat tras ser imputada por los supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, junto a otros cuatro exdirectivos de RTVV. El juez investiga irregularidades en contratos de RTVV -actualmente en fase de liquidación- tras una denuncia presentada por Compromís por la gestión económica y patrimonial de la empresa pública.
Johnson ha explicado que Canal 9 empieza a gastar mucho más de lo que ingresa ya en 2000, cuando los cuatro directivos imputados aún no estaban en sus cargos. Ha negado cualquier irregularidad en su gestión y ha minimizado su responsabilidad en las recurrentes pérdidas de la cadena, lo habitual, por otra parte, desde la llegada del PP al poder, en 1995.
El abogado de Lluís Motes, otro de los imputados, ha defendido la inocencia de Johnson y el resto de directivos. “Es absurdo que estén haciendo recaer en las últimas personas que han gestionado las distintas sociedades mercantiles del ente la responsabilidad de una deuda de muchísimos años; se está buscando criminalizar y creo que la actuación de estas personas no tiene nada que ver con el cierre de RTVV, que es una decisión política y no empresarial y mercantil”.
Motes y Nuria Romeral, exdirectores de Ràdio 9, han mantenido un discurso parecido en sus comparecencias ante el juez. El cuarto imputado, José López Jaraba, declara este jueves.