La extrema derecha aprovecha la condena a su exmarido por abusos para hostigar a Mónica Oltra

El líder del partido de extrema derecha España 2000, José Luís Roberto, ha conseguido que un juzgado de Valencia investigue a varios cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, a raíz de una querella presentada tras la condena por abuso sexual a cinco años de prisión de un educador, exmarido de la consellera.

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, según ha avanzado este martes el diario Las Provincias, ha citado a declarar en calidad de investigados a seis cargos de la conselleria por la gestión de la denuncia que hizo la menor contra el educador. Entre los investigados figura la directora territorial en Valencia de la conselleria, una psicóloga y otros trabajadores que recopilaron documentación para llevar el caso a Fiscalía.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó la reapertura de la investigación sobre la gestión que Igualdad realizó del caso, en la que consideran que hubo desprotección a la víctima, a instancias de la defensa de la menor, que ejerce el líder de la formación ultra España 2000. En esta reapertura ordenada por la Audiencia después de que el Ministerio Fiscal no acusara y el juez archivara el caso, el juzgado reclama la comparecencia como investigados de los trabajadores que intervinieron en el proceso desde que se conocieron los abusos. La causa sobre los abusos, por la que el exmarido de la vicepresidenta ha sido condenado, se encuentra pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo.

Posteriormente, la asociación Gobierna-Te, presidida por la exmilitante de Vox Cristina Seguí, presentó una querella contra Oltra y ocho personas por los mismos hechos. Ambos procedimientos han quedado acumulados en una sola causa y actualmente se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 15. El juez considera que en este momento de la investigación no es pertinente la imputación de la consellera. De hecho, señala que el hecho de que Mónica Oltra, que mantiene la condición de aforada, haya manifestado públicamente conocer la existencia de un procedimiento y haber ordenado que se le mantuviera informada, no puede entenderse de forma suficiente para afirmar que, a la par, ordenara realizar actuaciones con el objeto de encubrir hechos en perjuicio de la víctima.

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, que denunció a la formación ultra por acoso ante su domicilio —acción que terminó en absolución para los integrantes— acusa a la extrema derecha de emprender una “cacería política” contra las trabajadoras de su conselleria. “Esto es una querella de la extrema derecha. Lamento que, por una cacería política, funcionarias que llevan décadas haciendo su trabajo profesionalmente se vean en esta situación”, ha asegurado la vicepresidenta valenciana antes de un acto este martes. La dirigente de Compromís reprocha a PP y a Ciudadanos, que reclaman su dimisión, hacer seguidismo de la denuncia de la formación ultra e insiste en que tiene la documentación disponible para revisarla, como expuso en sede parlamentaria.

Cinco excompañeras de la víctima defienden al educador condenado

En paralelo a la imputación y al margen de la causa judicial, cinco jóvenes que coincidieron con la víctima en el centro privado, concertado con la Generalitat Valenciana, en el que se produjeron los hechos han firmado con nombres y apellidos una carta en la que defienden la inocencia de Luis Eduardo R. I., exmarido de Oltra, condenado a cinco años de prisión como autor de un delito continuado de abuso sexual a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Las jóvenes, que permanecieron bajo tutela durante su adolescencia y coincidieron con la víctima en el centro, consideran que los hechos denunciados por la menor “no son verdad”, defienden al educador condenado y apuntan a incongruencias en la denuncia de la víctima. En el escrito, relatan que la víctima “reclamaba continuamente la presencia de Luis en esa época de los supuestos abusos” y “se enfadaba” cuando el educador “hacía caso y atendía a otros niños”.

La carta se limita a expresar las conductas de educador y víctima en su etapa en el centro, indicando que la menor se escapaba habitualmente del centro por las mañanas y regresaba por las noches. En el escrito, aseguran que una de las alumnas presenció cómo la víctima “ofrecía regalos y caramelos a otras niñas bastante más pequeñas para que declararan contra Luis y apoyasen su mentira”, aunque, según dicen, se negaron. Otra de las firmantes, ya mayores de edad, asegura que “presenció cómo no era la primera vez que Maite acusaba en falso a otro educador”, del que decía la había golpeado y pudo “desmentirlo”. La denunciante, agregan, “siempre hacía todo para salirse con la suya”. Incluso aseguran que se autolesionaba para “dar veracidad a todas las acusaciones que solía hacer en el centro”. 

Las cinco jóvenes, que se identifican en el escrito pero cuyos datos se omiten en esta información, argumentan que la víctima había conocido a su actual pareja y quería irse del centro, considerando este hecho como motor de la denuncia“. Las firmantes de la carta aseguran que no se les pidió declarar en el juicio.

El educador fue juzgado en dos ocasiones. En noviembre del 2019 ya fue condenado por los abusos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ordenó repetir el juicio para la práctica de una serie de pruebas. En el segundo juicio, la Audiencia Provincial de Valencia volvió a condenar al educador a cinco años de prisión, una resolución confirmada por el TSJ-CV.