El fiscal especial Anticorrupción, Vicente Torres, ha interpuesto una querella contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la compra por el Gobierno valenciano de la empresa Valmor, que gestionó las primeras ediciones de la Fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia. La Fiscalía considera que existen indicios de delitos de prevaricación, malversación y delito societario en la contratación de la competición en la ciudad.
La querella ha sido interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la condición de aforado de Camps, que es diputado en las Corts Valencianes por el PP. No obstante, la Fiscalía también se querella contra la exdirectora de Canal 9 y exconsellera de Cultura, Lola Johnson, y contra el ex motociclista y copropietario de Valmor, Jorge Martínez 'Aspar'.
Esta querella se produce a raíz de la denuncia que presentaron los diputados del PSPV Eva Martínez y Josep Moreno, y también Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, después de que el Consell de Alberto Fabra rescatara la empresa quebrada Valmor, que tenía los derechos de las carreras.
En la Generalitat gobernada por Fabra siempre se ha defendido la necesidad de comprar la empresa Valmor afirmando que “era susto o muerte”, en palabras del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues. En similares términos se expresó el también vicepresidente, José Císcar, quien dijo que comprar Valmor era “lo malo”, pero pagar la penalización de la Fórmula 1 era “lo peor”.
Fabra podría ser exculpado
En contra de lo que se creía en círculos políticos y judiciales, Fabra y su Gobierno podrían ser exculpados del pufo de la Fórmula 1. La compra de Valmor, según la Fiscalía, es atribuible a una maniobra artera de Johnson, un cargo muy cercano a Camps. Así lo dice la querella del ministerio público, que, en lenguaje jurídico, asegura que el Consell creyó a la consellera de cultura cuando, sin aportar ni un solo documento, dijo que adquirir Valmor costaría solo un euro.
“El 9 de diciembre de 2011 se reunió la Junta General de Accionistas de Circuito del Motor en el Consell de la Generalitat Valenciana [que es el pleno del Consell] [...]. Ese día no estaba previsto abordar ningún acuerdo sobre la Fórmula 1. No obstante, por vía de urgencia, la Consellera de Turismo y Presidenta de la sociedad pública Circuito del Motor solicitó a la Junta de Accionistas autorización para la compra por un euro y posterior absorción de Valmor Sports S. L.”, escribe la Fiscalía.
Según Anticorrupción, Jhonson explicó que “Valmor Sports S. L. no iba a poder continuar con la organización de la Fórmula 1 y esto iba a suponer a la Generalitat Valenciana una penalización a través de la SPTCV [Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana] de dos anualidades. Esta argumentación se realizó de manera oral sin aportar un solo documento que avalara sus pretensiones, no mostró ni el acuerdo del Consejo de Administración de Circuito del Motor, ni el informe de la SPTCV de 5 de diciembre de 2011, ni el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas”.
A partir de este razonamiento y, al parecer, con fe ciega en las palabras de la consellera, el Gobierno valenciano “aprobó la compra de valor Sports S. L. por valor no superior a un euro, con la convicción de los miembros de la Junta, porque así lo había expuesto Dolores Johnson, que lo que se iba a gastar la Generalitat Valenciana era un euro”.
A pesar de que con la Fórmula 1 se enterraron 300 millones de euros, Camps presumió hasta el final de los beneficios del gran premio. Vídeo (en valenciano) de 2010.
Reacción
La primera reacción del Consell de Alberto Fabra a esta querella ha sido la cautela. Así, la portavoz, María José Catalá, ha explicado que el Gobierno valenciano no dispone del texto completo de la Fiscalía y esperaría a tenerlo para hacer valoraciones; no obstante añadía que habrá colaboración con la justicia por parte del Ejecutivo autonómico.
Preguntada sobre el trato de “molt honorable” a los expresidentes de la Generalitat si son condenados, Catalá ha afirmado que la Ley de transparencia impulsada por el Consell implicaría la retirada de este trato.
También ha insistido Catalá en que “la decisión más responsable” era la de comprar Valmor, dada la penalización que suponía la penalización acordada por la Generalitat y la organización de la Fórmula 1, además de pagar el canon pese a que no se disputara el gran premio. La portavoz ha asegurado así que la decisión fue “la más prudente”.
María José Catalá ha evitado valorar la gestión del Gobierno de Francisco Camps, que ha llevado a la querella, y ha vuelto a remitirse a que no disponen del texto de Fiscalía. También ha anunciado que el Consell no se personará en el caso contra Camps y los otros querellados para reclamar los 34 millones de la deuda de Valmor, comprada por un euro.