La realidad es tozuda: el gobierno del PP no cambiará el modelo de financiación autonómica y, por tanto, la Generalitat, una administración camino de la bancarrota, no recibirá más recursos por esa vía para poder proporcionar los servicios básicos, sanidad y educación.
Hasta Alberto Fabra, el presidente del Consell, lo empieza a asumir: se lo han dicho por activa y por pasiva el Ministerio de Hacienda y el mismo presidente del Gobierno. Aunque la Comunitat Valenciana sea la única autonomía con una riqueza menor a la media que paga al estado más de lo que recibe, el sistema no se toca.
Perdida la principal batalla, seguramente porque el PP español no quiere quemarse en una región que políticamente da por pérdida, el objetivo de Fabra es ahora conseguir más dinero a través de otras fórmulas. “Ya no hablamos del modelo de financiación, estamos hablando de algo a lo que todos los ciudadanos valencianos tienen derecho, y es que puedan acceder a los servicios de educación y sanidad en las mismas condiciones, y eso no se está produciendo”, ha dicho el President.
La Generalitat, al menos formalmente, no renuncia a una financiación justa, pero el objetivo, a corto plazo, es otro. Hasta que se aborde la reforma del sistema, pueden producirse “procesos transitorios que posibiliten el resolver injusticias, como esa falta de dinero para sufragar los gastos de educación y sanidad”. Fabra reclama 1.000 millones de euros más al año de Madrid.
Sin cita con el Ministro de Hacienda
Esa petición se la hará a Cristóbal Montoro una vez éste le reciba. El presidente se comprometió tras la revuelta de los empresarios a que ese encuentro, acompañado de la patronal, se celebraría en julio. Ni entonces ni en agosto. ¿En septiembre? “Estamos en ello”, dice Fabra. Al menos, la ministra de Agricultura si recibe al Presidente de la Generalitat.