Mariano Rajoy da la Generalitat Valenciana por perdida y a su presidente, Alberto Fabra, por amortizado. Los problemas de éste, sin embargo, pueden ser más graves en breve: en círculos políticos y judiciales se da por descontado que la Fiscalía presentará una denuncia por el rescate con fondos públicos de la empresa que organizaba la Fórmula 1 en Valencia, Valmor.
El alcance de la denuncia puede ser demoledor para el presidente de la Generalitat. Fabra aspira a la reelección pese a las malas perspectivas electorales para el PP, los movimientos de parte del partido para reemplazarle y la desconfianza manifiesta de Rajoy, que el viernes se reunió, por sorpresa, con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, mientras que sus ministros más influyentes no reciben a Fabra. Éste, al conocer el encuentro, se quedó descolocado, según fuentes del PP.
Un rescate “ilegal” e “inmoral”
Peor puede quedar tras la investigación de la Fiscalía. La acusación pública ha abierto diligencias tras las denuncias de EU y el PSPV, que consideran “ilegal” y “moralmente impresentable” el rescate con dinero público de Valmor, la empresa auspiciada por Francisco Camps para que la Fórmula 1 no le costara “ni un duro a los valencianos”, según dijo el expresidente de la Generalitat.
La Fórmula 1, sin embargo, ha supuesto un quebranto de 300 millones de euros para una Administración en quiebra. No sólo eso: en una operación calificada de “insólita” y “pufo” en mentideros empresariales, la Generalitat compró por 99 céntimos (y los 34 millones de deuda que arrastraba) Valmor, una empresa que endosó así sus pérdidas por la Fórmula 1. En caso de haber obtenido beneficios, se los hubiera quedado. Al menos, jurídicamente podría haberlo hecho.
Valmor estaba participada por Bancaja, luego Bankia, Fernando Roig, hermano del dueño de Mercadona y presidente del Villarreal CF, y una sociedad propiedad del expiloto de motos Jorge Martínez Aspar y Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino. La empresa, creada ex profeso por empresarios cercanos a Camps, fue deficitaria desde el primer momento. En contra de lo pactado, ni siquiera abonó el canon a la organización por el segundo gran premio, finalmente pagado por una empresa de la Generalitat.
El pacto implícito entre Valmor y Camps era claro, según la oposición. En caso de pérdidas, el gobierno valenciano saldría al rescate. Fabra, sin embargo, ha podido empeorar el peliagudo problema heredado de Camps. En vez de dejar caer a Valmor, le pagó 34 millones –la asunción de sus deudas- y exoneró por escrito a sus administradores de cualquier responsabilidad judicial por su gestión. La oposición asegura que esa compra puede suponer delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o societario.
El gobierno valenciano cree que se optó por el mal menor: se rescataba a Valmor o no se realizaba la prueba y, como penalización, se pagaba 71 millones de dólares (54 millones de euros al cambio actual) al patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. La oposición sostiene que la Generalitat podría haber organizado la prueba sin el concurso de Valmor, y la Fiscalía parece apoyar esta versión o al menos quiere abrir una investigación penal para aclararlo.
De suceder así, la posición de Fabra sería muy delicada. El pleno del gobierno, con él a la cabeza, firmó la compra de Valmor, por lo que el presidente de la Generalitat podría ser víctima de su propia línea roja: “No puede haber imputados en procesos de corrupción en las listas electorales”, dijo hace apenas una semana.