Más de 7.000 hogares valencianos están en riesgo de pobreza provocada por el aumento de los gastos en la la vivienda. La estimación del Síndic de Greuges es que el parque de vivienda pública de la Generalitat es insuficiente para hacer frente a las necesidades actuales y que, aún resolviendo los problemas de ocupación y rehabilitación actuales, aún harían falta 3.700 unidades para hacer frente a la situación.
La institución ha presentado un informe este martes en las Corts Valencianes que analiza los datos de vivienda en el periodo de 2005 a 2015, con algunas cuestiones concretas relativas a este último año. La investigación no abarca los dos últimos ejercicios porque no han obtenido la información estadística necesaria, ha lamentado el adjunto al síndic Ángel Luna, quien ha aprovechado para reclamar más datos a las instituciones. De este modo no pueden evaluarse las políticas de vivienda puestas en marcha por el actual Gobierno Autonómico, aunque el representante del Síndic ha instado a la Generalitat a aplicar la ley de Función Social de la Vivienda, con dos artículos suspendidos cautelarmente por el Tribunal Constitucional. La impugnación del Gobierno central no afecta a las medidas que podría poner en marcha el Ejecutivo autonómico, ha considerado Luna.
El adjunto al síndic ha realizado un breve resumen de las más de 600 páginas del estudio completo, arrojando datos escandalosos en cuanto a calidad de vida se refiere. Por ejemplo, que el número de hogares pobres se ha elevado desde el 17% de 2005 a cerca de un 30% en 2017. También que el 40% de hogares valencianos, cerca de 253.000 familias, tiene pagos pendientes de vivienda (hipotecas o préstamos similares), lo que les coloca en una situación de vulnerabilidad considerables. “Puede derivar en privaciones de otro tipo de consumo, en pérdida de la vivienda y en pobreza extrema”, ha advertido Luna.
Respecto al alquiler, el informe indica que los inquilinos que pagan una vivienda a precio de mercado dedican de media un 39% de sus recursos a sufragar el alquiler. Cabe recordar que, según el consenso entre los economistas, una familia se considera con problemas de renta si destina más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. También se considera que un hogar está en situación de pobreza energética si dedican más del 10% de sus recursos a pagar estas facturas.
El portavoz de la institución considera que con una fuerte contracción del ciclo económico (otra crisis), serían necesarias más de 20.000 viviendas públicas para atender las demandas. Por zonas geográficas, Alicante es la provincia más afectada por los problemas de acceso y mantenimiento de una vivienda.
Luna, una vez explicados estos datos, ha instado a la Generalitat a aumentar el parque público de vivienda y solucionar los problemas de ocupación ilegal y rehabilitación, así como a poner en marcha el sistema de ayudas complementarias para pagar el alquiler, la hipoteca o los gastos energéticos. La institución se pone al servicio de les Corts para explicar el informe a los diputados y crear medidas conjuntos.
El informe completo puede leerse en el enlace sobre estas líneas.