La Fiscalía Anticorrupción reforzó este martes en el juicio del 'caso Erial' su acusación contra Eduardo Zaplana, al que pide una pena de 19 años de prisión, con las declaraciones de varios arrepentidos que confesaron su papel en la trama corrupta: los empresarios Vicente y José Cotino, y el jefe de gabinete del expresidente valenciano, Juan Francisco García. Por otro lado, tres acusados mantuvieron una versión exculpatoria a favor de Zaplana: su secretaria Mitsouko Henríquez y los empresarios Francisco Pérez López, más conocido como Paco Gasofa, y el constructor Carlos Gutiérrez Nomdedeu. El también expresidente autonómico popular José Luis Olivas trató de asegurar su propia supervivencia procesal, llegando incluso a arremeter contra la sentencia que lo condenó en una derivada del 'caso Erial' por falsear una factura de 500.000 euros por supuestos servicios de asesoramiento al empresario Vicente Cotino. Esta última tanda de confesiones se suma así a la de otro personaje clave de la trama: Joaquín Barceló 'Pachano', amigo de la infancia y testaferro de Zaplana.
El empresario Vicente Cotino explicó en detalle que fue su fallecido tío, el exconseller y exdirector general de la Policía con el PP Juan Cotino, quien le dijo que había que pagar una comisión millonaria a Zaplana por la adjudicación de las ITV a la empresa familiar Sedesa. El acusado, que se enfrentaba a una petición de pena de 14 años de prisión, confirmó que su tío, un histórico dirigente del sector del Opus Dei del PP valenciano, llevó 600.000 euros en metálico a Luxemburgo para entregarlos en mano a Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía.
Los Cotino montaron un tinglado societario en el Gran Ducado para colocar la comisión millonaria y traspasarla más tarde a Zaplana, mediante el testaferro confeso, y a su exjefe de gabinete, Juan Francisco García. El empresario describió a Beatriz García Paesa como una persona “totalmente de confianza de la empresa”. De las gestiones se ocupó el director financiero de Sedesa, José Vicente Álvarez.
José Cotino (hermano de Vicente) también dio, aunque más brevemente, una versión idéntica: fue su tío Juan quien le dijo que había que pagar la mordida por un “acuerdo” con Zaplana para que Sedesa se llevara la adjudicación de un lote de las ITV, privatizadas por el primer gobierno autonómico popular. “Eso fue así”, afirmó el acusado.
El fiscal preguntó a Vicente Cotino si se “predeterminó” la adjudicación, a lo que el acusado respondió que “sí”. El amaño propició un negocio redondo para Sedesa: cuando más tarde revendieron la concesión, ganaron una plusvalía de 43 millones de euros. Prácticamente sin mover un dedo; de ahí los abultados montantes que manejó la trama del 'caso Erial', con una 'cifra de negocio' de 20,3 millones de euros, según Anticorrupción.
El amaño de la adjudicación “en presencia de Zaplana”
Cuando el clan político-empresarial de los Cotino transfirió las empresas de Luxemburgo, “sus plusvalías” pasaron a manos de sendas sociedades de Pachano, testaferro confeso de Zaplana, y de Juan Francisco García, su jefe de gabinete. Éste último, “absolutamente arrepentido” por sus “actuaciones”, y con una petición de pena de 14 años de cárcel a sus espaldas, también detalló el amaño de la adjudicación desde antes de que se reuniera la mesa de adjudicación.
De hecho, fue el propio jefe de gabinete de Zaplana quien presidió la mesa de contratación. El diseño de la jugada resultaba tan sospechoso que el interventor inicial se apartó dos horas antes de la reunión, tal como informó elDiario.es. Juan Francisco García aseguró que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV.
“Juan Cotino, en ese momento director general de la Policía, me transmite el especial interés del Grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicatario dentro de los lotes que se iban a plantear”, declaró el exjefe de gabinete. Así, los pliegos de la licitación se diseñaron para causar los “menores problemas posibles” a Sedesa.
El presidente del tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, el magistrado conservador Pedro Castellano, le preguntó específicamente por las maniobras para amañar los pliegos. El acusado explicó que el contrato se amplió de cuatro a cinco zonas (“pensábamos que eso beneficiaba a Sedesa”) y se instauró un “tope de la mejora de las ofertas económicas” para “evitar el oligopolio o monopolio”.
Además, también “se incluyó el tema de la implantación y el conocimiento de la realidad socioeconómico”, que era una “manera de intentar beneficiar a las empresas valencianas” como la de los Cotino. “Había una voluntad de favorecer al Grupo Sedesa, eso es así”, dijo a modo de resumen. La empresa de los Cotino tuvo “información privilegiada” antes que las otras firmas competidoras que se presentaban al concurso público.
Eso sí, Juan Francisco García también afirmó que los miembros de la mesa de contratación actuaron con “libertad en función de su libre albedrío” y con “absoluta honradez” respecto a la legislación vigente. “Lo que no podía haber es alguna cláusula que garantizara la adjudicación Sedesa y excluyera a las demás, se hubieran impugnado los pliegos”, apostilló.
La mordida de 2,3 millones amnistiada por Montoro
La confesión del acusado acredita, por tanto, el amaño inicial de la adjudicación, pistoletazo de salida de la trama. Una vez que los Cotino se hicieron con la preciada adjudicación, llegó la fase de cobrar la mordida en el extranjero. Vicente Cotino le dijo a Juan Francisco García que “por indicación de su tío Juan” iban a ser agraciados con “los fondos correspondientes al 30% de las plusvalías que había generado” el amaño a través de sendas empresas pantalla.
En 2012, aprovechando la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro repatrió a España los 2,3 millones de euros de la comisión que escondía en Luxemburgo. Juan Francisco García, licenciado en Derecho, aseguró en el juicio que “no tenía la concepción de que tenían un origen ilícito”. Al haber pagado un 10% de tributación especial, esos fondos regresan a España “de manera absolutamente transparente de cara a la hacienda pública”.
El acusado también reconoció que facturó falsamente 1,2 millones de euros a la empresa de Vicente Cotino. De los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desprende que Juan Francisco García manejaba “importantes cantidades de dinero” en efectivo.
La cuenta en Andorra de Paco Gasofa
Por otro lado, tres de los acusados mantuvieron su fidelidad sin resquicios hacia Eduardo Zaplana y lo exculparon de todo. El empresario Paco Gasofa, dueño de una gasolinera que ha recibido fondos públicos de ayuntamientos del PP, explicó que los suegros de Zaplana eran clientes suyos “de toda la vida”.
Para justificar los gastos por un barco de alquiler para Zaplana, Gasofa se escudó en que el expolítico del PP se los abonó más tarde. Sin embargo, tal y como le recordó el fiscal Pablo Ponce, “no consta ninguna transferencia de Zaplana a su empresa por ese importe”. Sobre el barco comprado entre varios amigos, entre ellos Zaplana, dijo que no le “gustaba la operación”.
“Tenía que limpiar lo de uno, lo del otro, yo no sé ni quién iba ni quién venía, cada vez que venía al puerto, el barco estaba hecho un asco”, lamentó el empresario. Además, la embarcación “se compra por un precio y se vende por la mitad”, declaró afligido.
El fiscal también le preguntó por un documento de reconocimiento de deuda de 26.000 euros a nombre de Gregorio Fideo, histórico colaborador de Zaplana ya fallecido. Gasofa declaró que se trataba de una deuda por la restauración de un vehículo que, según dijo, costó “un dineral y dos años de trabajo”. Cuando el representante del Ministerio Público le recordó que también había un documento idéntico por la misma cifra a nombre de Eduardo Zaplana, el empresario se limitó a responder: “No lo sé”.
A preguntas de su propio abogado, Gasofa reconoció que tuvo una cuenta en Andorra “hace 50 años”. Con esa cuenta le hizo un préstamo a Joaquín Barceló Pachano, testaferro confeso de Zaplana para la adquisición de inmuebles. “Era un asunto privado entre él y yo”, afirmó.
La fiel secretaria
Mitsouko Henríquez, veterana secretaria de Zaplana desde 1995, declaró que los 50.000 euros en un sobre que le intervino la UCO en su despacho en Telefónica, cuando el exministro popular era un alto directivo de la firma, eran de la “cuenta personal” de su jefe para gastos médicos, entre otros. Siguiendo el guion de Zaplana, Henríquez dijo que los fondos que movió la trama pertenecían a Pachano, al igual que el piso de Madrid en el que vivía el expresidente valenciano.
La exsecretaria manifestó que desde que Zaplana era presidente de la Generalitat Valenciana, todo los meses le “daba un cheque e iba a sacar dinero a su cuenta”. La acusada, que mantuvo un tono profesional, se desvinculó de los dos millones de euros que, según el blanqueador Fernando Belhot, hizo llegar a Zaplana a través de una oficina cambista. Mitsouko Henríquez justificó el hecho de que Belhot tuviera su teléfono y su correo electrónico porque “lo tiene muchísima gente”.
El “lío” con Bancaja
El constructor Carlos Gutiérrez Nomdedeu siguió el mismo esquema básico de la defensa del exministro, del que dijo que lo conoció en Ibiza el verano de 2007. El acusado explicó que invitó a navegar a Zaplana en un barco de cuatro camarotes y salón.
El empresario reconoció que Zaplana intermedió ante Bancaja en el marco de la operación de refinanciación de su grupo inmobiliario. La firma, coincidiendo con la crisis del ladrillo, acabó con un agujero de 250 millones de euros. El hombre aseguró que la quebrada caja de ahorros “ganó” con esa operación al vender luego los activos.
Zaplana “nos ayudó a que, dentro de todo el lío que tenía Bancaja en este caso, que lo intentasen mirar lo más rápido posible, que fuera un tema lo más urgente para poder resolver todo el problema”, detalló el constructor, quien agregó: “Se quedó sorprendido cuando le conté el tamaño de la deuda que teníamos con Bancaja. Me exigió y quiso tener claro que no era un marrón, no quería quedar mal él”. Por la intermediación le cobró una “cifra ridícula” de 70.000 euros.
Carlos Gutiérrez Nomdedeu declaró que no conoció al blanqueador uruguayo Fernando Belhot a través de Zaplana sino casi por pura casualidad. Cuando estalló la crisis económica, el empresario se fue a Brasil a tratar de construir vivienda pública. Allí le presentaron a Belhot, al que vio como una “oportunidad de activar una linea de negocio”.
El constructor también le ofreció a Zaplana las horas de vuelo sobrantes de las avionetas privadas que alquilaba. Solían usarlas, según explicó, para invitar a la Fórmula 1 en Mónaco y València a “directivos y ejecutivos de bancos”. Un par de veces el exministro del PP le pidió aprovechar horas de vuelo alquiladas. “Lo he hecho con Zaplana y con mucha más gente”, concluyó.