Las acusaciones del caso Emarsa han pedido este lunes que los 24 procesados por el desvío de fondos públicos de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo hagan frente a un desembolso cercano a los 35 millones de euros.
Esta cantidad resulta de sumar los 23,5 millones que se piden en concepto de indemnizaciones para la empresa de la Generalitat Epsar y la empresa metropolitana de Valencia Emshi, los 8,2 millones por el coste (por ahora) de la liquidación de Emarsa y los 3,2 millones en concepto de sanciones tributarias.
La Fiscalía de Valencia considera que el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de València y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, evitaba “cualquier tipo de control” sobre la gestión de la empresa pública encargada de la depuradora de Pinedo.
El Ministerio Público pide 24 años de cárcel para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta y 20 para el expresidente de la entidad y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Enrique Crespo, por el saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, la planta que da servicio a València y a su área metropolitana.
El ministerio público ha comenzado este lunes a exponer sus conclusiones en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València), y que suma 24 acusados. La fiscal ha advertido de que ha modificado su escrito respecto al inicial ante algunas conformidades pactadas con las defensas y por el incremento de penas para algunos acusados.
Sobre Crespo, la Fiscalía ha advertido de que “gracias a su condición de consejero delegado, evitó cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa”. Así, como justificación de un desequilibrio patrimonial, el acusado “hacía creer a los funcionarios de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y miembros del consejo de administración de Emarsa que el problema traía causa de una financiación insuficiente por parte de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), explicación que no se ajustaba a los datos que reflejaban las cuentas de la empresa”, ha dicho.
Asimismo, considera que el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta y el ex director financiero Enrique Arnal, previo concierto con el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, y el exjefe de del Departamento de Explotaciones de esta última entidad, Ignacio Bernácer, “valiéndose todos ellos de una posición de dominio y control”, diseñaron un plan consistente en incrementar el precio unitario con el que la Epsar financiaba el coste de la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación de Pinedo.
“El plan defraudatorio consistía en que la empresa o empresas intermediarias buscadas por los acusados se colocaría artificiosamente entre la facturación que Emarsa debía recibir del verdadero gestor de los lodos, emitiendo su propia facturación mendaz e incrementada injustificadamente, simulando la prestación del servicio gestión agrícola de los lodos al precio establecido desde la Entidad de Saneamiento, aproximadamente”, ha expuesto.
Abonadas por los responsables de Emarsa las facturas que recibían de la intermediaria -ha proseguido-, “el responsable de esta mercantil pantalla procedería al cobro de las mismas, debiendo entregar la diferencia del precio cobrado y el coste real del servicio a los acusados, previo descuento de la oportuna comisión”, ha aseverado.
En una compañía con millonarias y recurrentes pérdidas, la política laboral era “ un despiporre, cada presidente metía a 10 o 20” y los sueldos, propios de una “orgía económica”, como los definió el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València y extrabajador de Emarsa Juan Carlos Gimeno. Varios de los acusados reconocieron en el juicio que se costearon todo tipo de gastos personales con el dinero público, como una PlayStation y viajes a Rumanía.