La gestión del PP llevó a la quiebra una de las depuradoras más grandes de España vía el saqueo indisimulado de fondos públicos que varios altos cargos desviaban para pagarse casas, viajes, comilonas, prostitutas y hasta consolas.
Mientras la dirección expoliaba la planta, los trabajadores, muchos de ellos enchufados por el PP, disfrutaban de unas condiciones sin parangón en el mercado. En una compañía con millonarias y recurrentes pérdidas, la política laboral era “un despiporre, cada presidente metía a 10 o 20” y los sueldos, propios de una “orgía económica”, como los definió el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València y extrabajador de Emarsa Juan Carlos Gimeno.
El personal de limpieza cobraba 38.000 euros al año, el administrativo hasta 60.000 y el director de planta, 120.000. 11 directivos ganaban más que el presidente del Gobierno y algunos casi doblaban el salario del presidente de la Generalitat.
El convenio colectivo firmado por los gestores -cargos del PP sin experiencia puestos a dedo- y el comité de empresa era insólito: indemnización por despido de 45 días por año trabajado incluso cuando la rescisión de contrato era procedente y puestos de trabajo casi hereditarios. El absentismo, del 20%, cuadruplicaba la media española.
La empresa fue disuelta con el escándalo cuando tenía 97 trabajadores. Debía tener 60. El PSOE -que gestionó Emarsa hasta las elecciones de 1995, cuando una coalición entre el PP y la extinta Unió Valenciana tomó las riendas- empezó a hacerla funcionar con menos de una decena. En 1993 se llegó a 29 y en 2001, con una ampliación de por medio, a 92.
En ese periodo fueron contratados varios de los acusados por el caso que se enjuicia en la Audiencia de Valencia. Enrique Arnal, director financiero, fue colocado por Unió Valenciana. Esteban Cuesta (gerente), Juan Carlos Gimeno (responsable de calidad), Ignacio Martínez (jefe de compras) y Santos Peral (director de Administración), por el PP, partido en el que todos tenían o habían tenido responsabilidades.
Emarsa tenía un “marcadísimo carácter político”, ha reconocido Gimeno en el juicio. “Para trabajar en Emarsa tenía que afiliarme al PP y ser discreto”, ha confesado Arnal, que venía de otro partido, ante los jueces.
Otras dos acusadas, una abogada y una periodista, reconocieron en la vista que fueron enchufadas por el presidente de la empresa -Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación de Valencia, también procesado- y solo iban a la planta a cobrar. Un exsupervisor de la compañía advirtió de los problemas económicos derivados del exceso de personal. El gerente le contestó, asegura, que “no se podía despedir a nadie”.
¿Como se permitió un fraude enorme en una empresa con una plantilla hinchada y con sueldos estratosféricos? “El PP utilizó empresas instrumentrales para eludir los controles del aparato público. Los sindicatos y los trabajadores tenían sueldos y condiciones de trabajo muy buenas, y callaban”, dice Ramón Marí, el alcalde socialista de Albal que denunció el caso Emarsa.
El PP, que controlaba la empresa, decidió liquidarla en 2010. Tenía un agujero de 17 millones, fruto de la pésima gestión y, sobre todo, del expolio perpetrado por varios altos cargos. Las empresas a las que se encargó la gestión de la depuradora despidieron a cerca de un tercio del personal e hicieron una rebaja general de sueldos.
En pleno apogeo del escándalo, los trabajadores hicieron un comunicado achacando la quiebra de la empresa a los delincuentes de la dirección. “En la coyuntura en la que nos encontramos, como clase trabajadora, solo queremos defender el derecho a conservar nuestro puesto de trabajo”. No fueron escuchados.