La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha notificado a los senadores de Compromís que “no le corresponde” al Ministerio Público la declaración de disolución del PP“, e insta a los denunciantes a que la presenten en los órganos judiciales que considere competentes.
Compromís pidió a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero que promoviera la ilegalización del PP como organización ilícita por incumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, al entender que los casos de corrupción que le afectan “no son aislados” sino que responden a una forma de actuar organizada.
Ahora la Fiscalía evita dar este paso interpretando el artículo 515 del Código Penal, en el que se determina que “son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo la consideración las que tenga por objeto cometer algún delito i después de constituidas, promuevan su comisión”. La Fiscalía recuerda además la Jurisprudencia que le es favorable al PP, con la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2011 “el fin de la asociación es delinquir”, “que ha de ser requerido y pretendido por la propia asociación, no por el propósito individual de alguno de sus miembros”.
Según el senador valencianista Carles Mulet, Fiscalía “admite que no puede declarar su ilegalización ni instar a la misma al entender que el objeto del PP no es el de cometer delitos, algo que la realidad pone en duda”.
Para Compromís “está bien claro que nos encontramos en el caso en el que cientos de miembros del PP utilizan la estructura del partido y su poder para delinquir aunque, como es obvio, esta finalidad no está claramente establecida en los estatutos del partido”, por lo que no comparte el sentir del escrito del Fiscal que cita incluso otro auto del Supremo, de 12 de diciembre de 2013, en el que afirma que “la asociación ilícita no precisa de estructura y organización altamente complejas, bastando un agrupamiento de varios con estructura primaria que se diferencia perfectamente de la individualidad de sus miembros”.
“Viene a decir que el hecho que sus miembros incurran en actuaciones delictivas en nombre o por cuenta de la asociación no conlleva que la asociación (el PP) pueda ser tenida como ilegal y promueva la comisión de hechos delictivos. No puede ser que la ley deje impunes hechos como mordidas por comisiones ilegales que van a parar de una forma más o menos clara a partidos políticos, borrado de discos duros, contabilidad en B, escándalos de tramas organizadas en las que han caído grupos municipales enteros y nadie quiera ver lo que nos parece obvio y preocupa cada vez más a los ciudadanos, como es la corrupción política, algo inaceptable”, ha agregado Mulet.
Fiscalía “ha optado por esperar”
Para Compromís, la Fiscalía ha optado por esperar a que otros órganos judiciales emprendan trámites contra el PP, pero “no les exculpa como estructura que se ha dedicado o bien a delinquir o a amparar la corrupción”.
Compromís quiso con esta “denuncia simbólica poner de manifiesto la indignación social que está generando el comportamiento delictivo o cómplice de buena parte del PP y, como no se ha estado actuando por parte de la justicia contra el partido, el primero imputado en la historia de la democracia”. “Cuesta entender que la Fiscalía obvie que todo el partido está imputado”, apunta Mulet, quien apunta que Fiscalía remite al artículo 38 de la Ley de Asociaciones (… las asociaciones sólo podrán ser suspendidas en sus actividades, o disueltas, por resolución motivada de la autoridad judicial competente).
En opinión de la coalición valencianista, la decisión de la Fiscalía “en ningún caso desacredita la petición de la coalición”, al contrario, “acredita de nuevo la distinta velocidad en la cual actúa la Justicia i el Ministerio Fiscal en España, con todos los casos de corrupción, centenares, que implican al PP y a sus cargos y, con el propio partido imputado, han preferido la actitud pasiva y esperar, en vez de actuar”, ha concluido.