La Fiscalía de València ha archivado la investigación penal abierta en relación al conflicto de las prejubilaciones en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, según han confirmado desde el órgano público.
El pasado 17 de mayo, los gestores de la EMT en el Govern de la Nau con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi al frente, revelaron que la empresa pública ocultó a la Tesorería General de la Seguridad Social desde el año 2001 que los trabajadores que se jubilaban en la EMT a los 61 años trabajaran 65 días hasta los 65 años en lugar de los 131 -el 15 % del total- que marca la normativa y a los que están obligados por ley los demás trabajadores.
Grezzi responsabilizó al PP del presunto fraude puesto que se empezó a aplicar en 2001 y se prorrogó en 2013 y trasladó toda la información a la Agencia Antifraude, entidad dependiente de las Corts.
Tras analizar toda la documentación, el organismo puso una denuncia ante la Fiscalía por la supuesta comisión de delitos de malversación, prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad. Antifraude cifró en 1,1 millones de euros el perjuicio para el erario público.
Sin embargo, Fiscalía ha archivado el caso al no apreciar delitos penales. Tal y como avanzó el diario Las Provincias, en todo caso se trataría de una cuestión administrativa.
Tanto la Agencia Antifraude como la EMT han declinado hacer valoraciones de momento sobre el archivo de la causa.
Quien sí se ha pronunciado es el presidente del Comité de Empresa de la EMT, Adolfo Cruz (UGT). El cuestionamiento del acuerdo de las prejubilaciones por parte de Grezzi abrió un cisma entre la dirección de la empresa y una parte de los sindicatos, especialmente UGT y CCOO, que se tradujo en diferentes protestas y huelgas.
Cruz (UGT) ha comentado que exigirá una disculpa pública al concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, al considerar que “con sus declaraciones en las que afirmaba que los trabajadores se prejubilaban ilegalmente ha todo el colectivo”.
El dirigente sindical ha lamentado “que un gobierno de izquierdas haya quitado a los trabajadores un derecho que tenían desde hace 19 años pese que contaba con el aval de un laudo arbitral y ahora también de la fiscalía”.
Además, ha criticado que Grezzi haya usado a los empleados “como rehenes en su particular guerra política contra el PP”.