La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal por supuesto delito contra el patrimonio histórico por la destrucción del salón de plenos del Palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno. El edificio, construido en 1899, fue declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico Artístico Nacional.
La diputada del PSOE por Valencia, Ana Botella, llevó las obras a Fiscalía después de ver que el salón se había destruido. Botella reprocha que el Gobierno no haya dado ninguna explicación sobre “por qué se ha llevado a cabo la destrucción de este patrimonio histórico de todos los valencianos” y lamenta que “el PP vuelve a demostrar que la única vía posible para saber qué hacen con el dinero y el patrimonio de los valencianos es acudir a la justicia”.
La diputada ha explicado que la construcción de este salón de plenos en el Palacio del Temple está documentada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia con fecha 27 de agosto de 1899 y ha lamentado que a pesar de aparecer en todos los libros de historia y en todas las informaciones y documentos sobre este edificio BIC y Monumento Histórico Artístico Nacional se haya permitido que “arranquen sin más, a todos los valencianos, páginas de la historia del Temple y de la propia historia de la ciudad”.
A su juicio, se trata de un “daño irreparable” porque “el salón de plenos no solo era mobiliario, sino que estaba hecho a la medida del espacio que ocupaba, con alturas y proporciones propias del edificio, constituido por un conjunto de elementos decorativos de la época en paredes y techos, con pinturas, telas y artesonados” y, por tanto, “las declaraciones del delegado del Gobierno quien apuntó que la Sala había sido desmontada y devuelta íntegramente a la Diputación no son ciertas”.
“Si un particular altera un edificio protegido cae sobre él el peso de la ley”, ha señalado Botella, que también se ha preguntado “cómo puede ser que la propia Administración pública, responsable de las obras de rehabilitación, permita alterar y destruir un conjunto patrimonial del siglo XIX que convivía desde hace más de cien años con la arquitectura del XVIII”.
En esta línea la diputada socialista ha exigido al Gobierno que explique quién dio la orden de la destrucción, así como los motivos por los que se ha alterado el proyecto original de rehabilitación “donde sí se exigía la rehabilitación del Salón del XIX”.
“Tenemos derecho a conocer quién dio la orden, en qué informes consta y quién firmó la autorización. No puede haber impunidad ante un daño patrimonial” ha incidido tras exigir que se expliquen las causas y “si verdaderamente ha sido para abaratar la obra o por pura arbitrariedad en el transcurso de las mismas”, ha subrayado.
Falta de información
Del mismo modo, la diputada socialista ha denunciado la falta de información por parte del Gobierno, que asegura se ha negado a detallar el presupuesto total de las obras de rehabilitación y su ejecución anual desde 2012. Botella ha explicado que han sido varias las preguntas formuladas para conocer lo sucedido en la rehabilitación de este edificio pero “la falta de transparencia y la opacidad para facilitar la documentación requerida ha sido la norma”.
“No se nos ha aportado la copia solicitada de los expedientes de redacción del proyecto y sus modificados, estando actualmente sometida la petición a recurso de amparo ante la presidenta del Congreso, quien los ha reclamado a la ministra de la Presidencia y de las Administraciones Publicas y Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría”, ha denunciado.